Cámara niega la moción de censura a ministro de Defensa Diego Molano
En la plenaria,116 representantes votaron en contra de la moción y 28, a favor.
Con 28 votos a favor y 116 en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes negó la moción de censura al ministro de Defensa Diego Molano que se llevaba a cabo en su contra por el operativo militar en Putumayo, en el que murieron 11 personas.
Así las cosas, la oposición, en la que se destacan algunos representantes a la Cámara que votaron por el sí como Katherine Miranda—una de las ponentes de la moción—, María José Pizarro; Inti Asprilla; Germán Navas Talero; David Racero, entre otros, no logró los votos necesarios para que Molano fuera destituido de su cargo.
Como se sabe, Molano ha asegurado que los fallecidos son integrantes de las disidencias de las FARC, mientras que las comunidades afirman que se trataban de civiles.
En el debate de la moción, realizado el pasado 26 de abril, la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, advirtió que entre los fallecidos se encontraba un gobernador indígena, una mujer embarazada y un menor de edad, y afirmó que solo una de las 11 personas estaba vinculada con algún tipo de actividad delictiva: porte ilegal de armas.
Así mismo, indicó que "el Ejército entró disfrazado con prendas de color negro y diciendo que eran de las disidencias. ¿Está avalado que ustedes se identificaran como miembros de disidencias?, ¿por qué se cambiaron de uniforme?".
A su turno, la representante María José Pizarro, de los Decentes, cuestionó que la operación militar fue "ilegítima, contraria al Derecho Internacional Humanitario y se cometieron crímenes de guerra".
Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, puso de presente que hay múltiples denuncias sobre lo que sucedió, entre ellas de alteración de la escena del crimen y lamentó que lo ocurrido se conociera no por un informe de las instituciones sino por la labor investigativa de algunos medios.
En sesión informal, Aníbal Cuéllar, ciudadano del Putumayo, narró: "Soy víctima de la masacre del 28 de marzo, me atropellaron física y psicológicamente porque hombres vestidos de negro me apuntaban con un fusil".
Y Yarley Ramírez, gobernadora del cabildo indígena de la vereda Alto Remanso, aseveró que el gobernador indígena, Pablo Panduro Coquinche, no era guerrillero: "La única arma que portaba el gobernador era su bastón de mando".
Molano, por su parte, respondió el pasado debate de la moción que "de acuerdo con inteligencia, 11 de esas personas fueron halladas muertas, algunas de ellas presentan relaciones con este grupo armado organizado de las disidencias y algunas presentan antecedentes criminales, pero es la Fiscalía la que define eso, no un informe periodístico".
Así mismo, afirmó que las operaciones desplegadas "tenían el propósito de afectar a una de las comisiones de finanzas de estas disidencias de las FARC que operan en el medio y bajo Putumayo y se pasan al Ecuador".
Y concluyó: "Nuestras Fuerzas Militares no pueden omitir su responsabilidad de desarrollar sus operaciones en contra de esos grupos, porque son ellos los que vulneran los derechos de la población colombiana y de los putumayenses, porque son ellos los que presionan a los campesinos para que siembren los cultivos y los obligan a instalar los laboratorios de coca y luego la comercialización".
Vale mencionar que el funcionario del Gobierno tiene pendiente un debate de control político citado por el Senado, el cual se tenía previsto que se llevara a cabo el martes. Sin embargo, Molano no asistió y argumentó que estaba atendiendo "asuntos extraordinarios de Seguridad y Defensa en la Orinoquía".
“El ministro Diego Molano no solo ha evadido responder políticamente las preguntas e interrogantes que existen aún sobre su evidente responsabilidad en la masacre de civiles en la operación militar adelantada en la vereda del Alto Remanso sino que además ha querido saltarse el estatuto de oposición al negarse a comparecer a la plenaria del Senado”, señaló Antonio Sanguino senador citante.
Sin embargo, ante su inasistencia, los senadores Angélica Lozano, Iván Cepeda y Sanguino anunciaron acciones contra el funcionario por su "responsabilidad comprobada" en la operación militar adelantada en Puerto Leguizamo el pasado 28 de marzo en el que fueron asesinados al menos 7 civiles.
En la acción radicada a Morris Tidball-Binz, relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, los legisladores entregaron las evidencias que presentarían en el debate, y que "demostrarían la responsabilidad del Ministro de violar el DIH y los DDHH de la población de la vereda Alto Remanso del municipio de Puerto Leguizamo".
"Las versiones y pruebas que hemos recabado son muy distantes de la narrativa del Ministro para justificar las muertes de civiles en operaciones militares. Es lamentable que eluda la responsabilidad de dar las explicaciones al país. Estamos ante una violación clara del Estatuto de Oposición", aseguró Angélica Lozano.
