Las inconsistencias que hubo en el operativo en Putumayo, según la oposición
En el debate de la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, la representante Katherine Miranda advirtió que el número de muertos fue mayor y cuestionó el tiempo de demora de la llegada del CTI.
En el marco del debate de moción de censura este martes en la plenaria de la Cámara contra el ministro de Defensa, Diego Molano, la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, aseguró que son 13 y no 11 las personas muertas en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo, en medio del operativo militar realizado el pasado 28 de marzo.
"Ministro, ¿y qué me dice estás dos personas más asesinadas por el Ejército en Puerto Leguízamo? Ya no son 11, son 13 los muertos, y los dos nuevos habían prestado servicio militar al país. ¿También va a decir que eran disidentes de las Farc?", advirtió la opositora citante del debate.
Miranda recordó que entre los fallecidos se encontraba un gobernador indígena, una mujer embarazada y un menor de edad, y afirmó que solo una de las 11 personas estaba vinculada con algún tipo de actividad delictiva: porte ilegal de armas.
Así mismo, indicó que "el Ejército entró disfrazado con prendas de color negro y diciendo que eran de las disidencias. ¿Está avalado que ustedes se identificaran como miembros de disidencias?, ¿por qué se cambiaron de uniforme?".
Y concluyó: "Yo le pregunto, Diego Molano ¿cuántos hombres, mujeres, embarazadas y niños asesinados necesita usted en su hoja de vida para que asuma la responsabilidad y renuncie a su cargo?".
A su turno, la representante María José Pizarro, de los Decentes, cuestionó que la operación militar fue "ilegítima, contraria al Derecho Internacional Humanitaria y se cometieron crímenes de guerra".
Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, pidió un minuto de silencio por lo ocurrido, dijo que hay múltiples denuncias sobre lo que sucedió, entre ellas de alteración de la escena del crimen y lamentó que lo ocurrido se conociera no por un informe de las instituciones sino por la labor investigativa de medios como la revista 'Cambio', el diario 'El Espectador' y el portal 'Vorágine'.
En sesión informal, Aníbal Cuéllar, ciudadano del Putumayo, narró: "Soy víctima de la masacre del 28 de marzo, me atropellaron física y psicológicamente porque hombres vestidos de negro me apuntaban con un fusil".
Y Yarley Ramírez, gobernadora del cabildo indígena de la vereda Alto Remanso, aseveró que el gobernador indígena, Pablo Panduro Coquinche, no era guerrillero: "La única arma que portaba el gobernador era su bastón de mando".
Molano, quien aún no interviene en el debate, dijo el pasado lunes en una audiencia pública de la Comisión Segunda de la Cámara en Puerto Leguízamo que las operaciones desplegadas "tenían el propósito de afectar a una de las comisiones de finanzas de estas Disidencias de las Farc que operan en el medio y bajo Putumayo y se pasan al Ecuador".
"Nuestras Fuerzas Militares no pueden omitir su responsabilidad de desarrollar sus operaciones en contra de esos grupos, porque son ellos los que vulneran los derechos de la población colombiana y de los putumayenses, porque son ellos los que presionan a los campesinos para que siembren los cultivos y los obligan a instalar los laboratorios de coca y luego la comercialización", agregó el funcionario.
