Ejército habría basado operación en Putumayo en una alerta temprana
La Defensoría del Pueblo reveló el informe realizado por la Misión Humanitaria en Puerto Leguízamo que contiene los detalles del despliegue de las FF. MM. en esa zona.
La Defensoría del Pueblo dio a conocer el resumen ejecutivo que le entregaron las Fuerzas Militares (FF. MM.) con relación a las operaciones desplegadas la mañana del pasado 28 de marzo en la vereda El Alto Remanso en Puerto Leguízamo (Putumayo) que dejaron 11 personas fallecidas y cinco heridas.
El informe de 40 páginas detalla que oficiales del Ejército Nacional conversaron con el equipo de la Defensoría del Pueblo y les manifestaron algunas consideraciones sobre el desarrollo de la operación militar.
“Los altos oficiales comunicaron que su actuar se sustentó “en labores de inteligencia, el respeto de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), así como en la información sobre presencia de grupos armados que delinquen en la zona”, resalta el informe.
Sin embargo, más adelante el documento detalla que la operación se llevó a cabo bajo la justificación de “las conductas advertidas e identificadas” que se desprenden de la Alerta Temprana 002-2022, en la que la Defensoría del Pueblo “advirtió la presencia de integrantes de los precitados GAO, entre otros, su disputa territorial, así como riesgo de la población e imposibilidad de la vida organizativa”.
Con relación a lo anterior, la entidad aclaró que las alertas se construyen al recoger las preocupaciones de las comunidades “sin perjuicio de la Defensoría del Pueblo”, por lo que “no pueden existir territorios vedados para el desarrollo de operaciones militares conducentes y legales del Ejercito Nacional”.
Una advertencia
Es por eso que la Defensoría, dentro de las recomendaciones, emplaza al Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y la Armada Nacional a “evitar en sus declaraciones y pronunciamientos públicos” aludir que el desarrollo de sus operaciones militares se realizan con ocasión o a propósito de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, “en tanto que afecta la naturaleza de los documentos de advertencia que es el de impulsar acciones de prevención desde una perspectiva humanitaria”.
La entidad también solicita a las instituciones armadas que las operaciones militares se realicen en el marco del respeto de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, “emprendiendo acciones de prevención humanitaria y protección de la población civil con el acatamiento irrestricto de los principios del DIH, en especial consideración los principios de distinción, proporcionalidad y precaución”.
Otras vulneraciones
En el informe también se detalla que pudo identificar conductas vulneratorias de los derechos humanos en el escenario donde se llevó a cabo la operación militar.
“Hubo homicidios de líderes comunales, autoridad étnica, jóvenes y mujeres registrados en la comunidad. Según información suministrada por la guardia indígena del Cabildo El Hacha, se presume que aproximadamente ocho personas, unas de ellas de esta comunidad, se encuentran desaparecidas desde el pasado 28 de marzo de 2022. Sin embargo, a la Defensoría no le han entregado el dato de las personas presuntamente desaparecidas, con el fin de que se active el mecanismo de búsqueda urgente ante la Fiscalía”, señala el documento.
Destacó la Defensoría del Pueblo que la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de su poder preferente, y la Fiscalía General de la Nación deben adelantar, con la debida diligencia “una investigación exhaustiva, rápida y de oficio que permita obtener información clara sobre lo sucedido”.
Precisamente el Ministerio Público anunció el martes que desplegó una comisión especial dentro de ese proceso disciplinario que abocamos para efectos de empezar a practicar pruebas.
