
“Se deben tomar medidas penales y disciplinarias”: ONU sobre Putumayo
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia sostuvo que unidades militares habrían utilizado armas de fuego, “mientras 30 a 50 personas estaban en un bazar, incluyendo niños, niñas y mujeres”.
Que se tomen todas las medidas disciplinarias y penales pertinentes "para enjuiciar y sancionar a los responsables de lo ocurrido en Alto Remanso" exhortó la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia a las autoridades del país con el fin de esclarecer lo ocurrido en el operativo de Putumayo, que se llevó a cabo el pasado 28 de marzo y en el que murieron 11 personas.
En un extenso hilo publicado en al cuenta oficial de Twitter, el organismo insiste en que debe ser la Fiscalía la que "realice una investigación exhaustiva e independiente para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación".
Bajo esa misma línea, el martes, el representante del secretario general de la ONU en Colombia y Jefe de la Misión de Observación, Carlos Ruiz Massieu, pidió a las autoridades investigar lo que ocurrió en medio del operativo militar.
“Subrayo la importancia de que las autoridades investiguen a fondo la muerte de 11 personas, entre las que podría haber líderes indígenas y comunitarios, en el marco de una operación militar contra miembros de un grupo armado ilegal en Puerto Leguízamo”, resaltó Ruiz Massieu en su intervención.

Por su parte, la Oficina de Derechos Humanos señaló que del 31 de marzo al 2 de abril se llevó a cabo una misión a Putumayo en la que encontraron varios aspectos a resaltar. Uno de ellos es que, según el organismo, "entre el 26 y el 28 de marzo, en la vereda Alto Remanso, Putumayo, se realizaba un bazar para recaudar fondos, en el que habrían participado alrededor de 200 personas".
"El 28 de marzo, en Alto Remanso, se habría iniciado un operativo llevado a cabo por varias unidades militares en el que se habría hecho uso de armas de fuego, mientras estaban en el bazar de 30 a 50 personas, incluyendo niños, niñas y mujeres", agregó la entidad.
Sin embargo, insistió en que, "según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el uso intencional de armas letales sólo puede hacerse cuando sea estrictamente inevitable y con el propósito de proteger la vida".