El Heraldo
Colombia

Llegada de Cabello al Ministerio Público divide opiniones

Algunos ven la elección de la procuradora un premio a una carrera en la Rama Judicial, y otros creen que hay un riesgo para el equilibrio de poderes.

Los expertos en temas de justicia del país no se ponen de acuerdo frente a la conveniencia de la jefatura en la Procuraduría de Margarita Cabello.

Consultados por EL HERALDO, mientras que algunos juristas ven en la elección de la primera procuradora general de Colombia un premio a una carrera completa en la Rama Judicial, otros creen que hay un riesgo para el equilibrio de poderes en su cercanía con el presidente Iván Duque.

A favor

Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, pone de presente que “es de rescatar que sea la primera vez en la historia que una mujer vaya a ser procuradora general. Nos parece de otro lado que la persona designada es una persona de carrera en la Rama Judicial, fue juez, magistrada del Tribunal Superior de Barranquilla, de la Corte Suprema y presidenta de esa corporación. Eso es importante porque demuestra que la carrera judicial bien hecha puede tener un futuro apropiado”.

Acerca de la posibilidad de que su extracción del gabinete pudiera comprometer la independencia del ente de control disciplinario, advierte: “Yo creo que esos cargos, incluso desde que fueron creados con la modulación de nominación, le impone un carácter de independencia y autonomía a las personas que llegan a los mismos. Al contrario, las personas ternadas en la Fiscalía terminan teniendo un problema de disputa con el presidente por cumplir con esa independencia. Por ejemplo, Néstor Humberto Martínez fue ternado por Juan Manuel Santos y hubo decisiones que no estuvieron de acuerdo con lo deseado. Y el exfiscal Alfonso Valdivieso fue una gran piedra en el zapato en el Proceso 8.000. Entonces, ‘per se’ no es malo ser ternado por el presidente y significa al contrario un reto”.

Los retos del Ministerio Público, señala, tras la Procuraduría “supremamente eficiente e idónea de Fernando Carrillo y en la que ha dado garantías a todos los sectores”, son “la continuidad en la gestión y le corresponde a la nueva procuradora la persistente lucha denodada contra la corrupción. Y por el tema de la pandemia implica más inversiones del Estado a nivel nacional y local y por eso los retos para la administración son mayores. Otro reto es el fallo de la Corte IDH, que cercena las facultades de sanción e investigación de la Procuraduría, por lo que le corresponderá a la procuradora una interpretación que termine no delegando sino fortaleciendo la tarea que hace la entidad. Y lo tercero es que el procurador debe ser vigilante en todos los procesos de la JEP, porque debe estar próxima a expedir decisiones y nos parece importante esa participación para beneficiar a las víctimas y no a los victimarios”.

En contra

La directora de Dejusticia, Vivian Newman, alerta sobre el hecho de que “cuando la cabeza de la Procuraduría acaba de renunciar hace ocho días de ser la ministra de Justicia hay dos riesgos muy serios en el ejercicio del cargo: el co-gobierno y el control disciplinario cuestionable, y ambos afectan el equilibrio de poderes concebido en la Constitución”.

En relación con el riesgo del co-gobierno, la experta apunta que “la Procuraduría tiene la función de seguimiento preventivo a las políticas públicas del Gobierno y será muy difícil que monitoree estas políticas con independencia, pues su experiencia, su conocimiento y sus afectos están en la construcción misma de las políticas. La tentación es la de co-gobernar y ejecutar lo diseñado en lugar de vigilar y escrutar. Por ejemplo, ¿cómo podrá hacer control efectivo y entender las falencias de las políticas carcelarias frente a la COVID-19 que ella misma construyó en el Ministerio de Justicia?, ¿o sobre la implementación del acuerdo de paz si su jefe de hasta hace unos días ha mostrado, con excepciones, poco interés en cumplir con los compromisos del Estado colombiano en ese acuerdo?”.

En torno al control disciplinario cuestionable, sostiene que el ente de control “es un órgano de Estado, no de Gobierno, que ejerce la vigilancia disciplinaria sobre los funcionarios que trabajan principalmente para el Gobierno, así que el nombramiento de una persona que hasta hace unos días formó parte del propio Gobierno afecta su legitimidad para examinar de forma independiente la conducta de sus colegas”. Por lo que plantea que “debería haber un período de enfriamiento, para evitar que se afecte el funcionamiento del sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia. Es como pedirle a un juez que juzgue a sus propios compañeros de trabajo y de misión y que lo haga imparcialmente”.

Y finalmente cuestiona concretamente Newman sobre Cabello que “casi que es nombrada fiscal ad-hoc mientras estaba de magistrada en la Corte Suprema, luego renunció a su cargo en esta corte, con un periodo definido por la Constitución, para ser ministra de Justicia y duró un año en este cargo: ¿Cómo debemos medir los ciudadanos su compromiso con las responsabilidades para las cuales es nombrada si sus antecedentes muestran que no cumple periodos constitucionales o mínimos de gobierno?,  ¿abandonará la Procuraduría a la mitad de camino?”.

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