El Heraldo
Personas interesadas en hacer el curso de conducción, en las instalaciones de la academia Aprendiendo a Conducir.
Luis Rodríguez Lezama
Colombia

La proeza de sacar licencia de conducir con la nueva normativa

Dos resoluciones endurecen exigencias en materia de evaluación teórico-práctica.

Con dos nuevas resoluciones, el ministerio de Transporte endureció los requisitos que debe acreditar toda persona que quiera obtener una licencia de conducción. 

Desde el pasado 5 de mayo quedó establecido que quienes aspiren a manejar en las carreteras del país deberán, obligatoriamente, aprobar el curso que ofrecen las academias de conducción.

Lo anterior pareciera una obviedad, puesto que la legislación colombiana así lo establece, pero en la realidad material no se estaba dando cumplimiento. 

De acuerdo con Jorge Londoño y Alejandro Maya (ministro y viceministro de Transporte, respectivamente), algunos Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) cobraban entre 50 mil pesos y $4 millones. “Una de dos: vendían el diploma o lavaban activos”, advirtió Maya en su momento. 

Ante esta situación, la cartera de Transporte se vio en la obligación de expedir la Resolución 1208 de 2017. En ella se fijaron unas tarifas máximas (‘techos’) y unas mínimas (‘pisos’) para evitar que los CEA cobren más de lo debido. 

“Estas medidas tienen por objetivo generar un cambio en la adquisición de toda nueva licencia de conducción; la cual pasa de ser un simple trámite a ser una proeza”, explicó el jefe de esta cartera.

Así las cosas, por ejemplo, el curso de conducción para vehículo particular (B1) quedó entre 15 y 29 salarios mínimos diarios. Es decir, entre 368 mil pesos y $713 mil.

Conocida esta decisión, trascendió el malestar en los usuarios de redes sociales, que aseguraron que esos nuevos valores eran “una forma elegante de robarle a la gente”.  

¿Aumentaron los valores?

Ante la inquietud, EL HERALDO entrevistó a César Albor Valenzuela- representante de la Asociación de Academias de Conducción en el Atlántico, y propietario de la academia Aprendiendo a Conducir-, quien explicó que en el ambiente “hay una confusión”.

“Se dice que la licencia aumentó, pero lo que realmente ocurrió es que ahora sí se van a hacer las cosas con base en la Resolución 3245 de 2009 -que estableció los requisitos para los Centros de Enseñanza Automovilística-”. 

Aunque la ley establece que hay que hacer el curso, explicó Albor, “eso no se venía cumpliendo. Meses atrás, cualquier persona decía ‘yo sé conducir’, compraba un certificado, iba al Tránsito y le hacían su licencia. Ahora, se obliga al usuario a que se capacite”.

“100 mil pesos del certificado, más 140 de exámenes médicos, más 98 de la expedición de la licencia; en total, la licencia le salía por 340 mil pesos; no se pagaba el curso. Por eso es que ahora a la gente le parece que aumentaron los costos, pero, en realidad, lo que se hizo fue ajustarlos a lo que dice la ley”. 

A estos precios, ahora se les agregaron dos más: una tarifa para la Agencia Nacional de Seguridad Vial ($5.100 pesos) y el cobro del ente recaudador ($7.500).

En consecuencia, poder manejar, por ejemplo un carro particular, tendrá un costo de, aproximadamente, 963 mil pesos: entre 130 y 140 mil pesos, exámenes médicos; $713.000, el curso de conducción -todos los CEA, por lo menos en el Atlántico, se fueron por el precio máximo permitido-, y $98,217, expedición de la licencia de conducción por parte de la Secretaría de Tránsito. 

Esos dineros, desde el pasado 1 de junio, no se están recibiendo en los CEA directamente, sino que las personas deberán pagarlos a un ente recaudador: bancos autorizados dentro del sistema financiero de Colombia.

Más requisitos

Pero, esto no es todo. A partir de mayo de 2018 las academias no serán quienes certifiquen que alguien sabe manejar, sino que entrarán en funcionamiento los Cale -Centros de Apoyo Logístico de Evaluación-.

Así, además de pagar los casi 963 mil pesos, se tendrá que hacer un examen teórico-práctico para poner a prueba lo aprendido en la academia de conducción. 

Ese examen también tendrá un costo, que la Resolución 1349 del 12 de mayo de este año fijó -para carros particulares- entre 159 mil pesos y $202 mil. Probablemente, los Cale también se irán por el precio máximo permitido. 

Si el aspirante aprueba ese examen, podrá entonces solicitar ante la Secretaría de Transito su licencia de conducción.

Y, si a los $963 mil mencionados anteriormente les sumamos lo del examen en los Cale, a partir de mayo del año entrante, poder manejar en las carreteras de Colombia estará costando alrededor de 1 millón 165 mil pesos.

Examen teórico

De un banco de 2 mil preguntas prestablecidas por la Agencia Nacional de Infraestructura, una plataforma digital le lanzará, al azar, 30 al aspirante. Si logra responder correctamente el 80% de las mismas, podrá someterse al examen práctico. 

Las preguntas estarán relacionadas con 4 áreas de conocimiento. La primera, Normas de Tránsito: aspectos generales del tránsito, autoridades, licencias de conducción, infracciones, sanciones, procedimiento y competencia para su imposición. La segunda, Seguridad Vial: actitud, valoración del riesgo, cifras de seguridad vial, comportamiento vial y conducta ante otros actores del tránsito.

La tercera, Señalización e Infraestructura: comprensión de las instrucciones y finalidad de las señales de tránsito y uso de la infraestructura vial.

Y la cuarta y última, Vehículos y Equipos de Seguridad: los vehículos, las fuerzas físicas que actúan sobre aquellos, sus sistemas de funcionamiento y el uso adecuado de los sistemas de seguridad.

Examen práctico

Tiene dos partes. Una es la de destreza individual, aquí el aspirante deberá demostrar que puede maniobrar con pleno dominio el vehículo “actuando como si fuesen una unidad, en un espacio cerrado al tráfico público”. El proceso será grabado en video y se conservará al menos 5 años.

La segunda parte consiste en maniobras en la vía pública. Con ella se busca “comprobar ante un examinador que el aspirante valora los riesgos y toma decisiones prudentes frente al comportamiento del tránsito y del resto de actores viales”.

“Pusieron una cascarita”

A juicio de Albor Valenzuela, con la fijación de precios,  Mintransporte y la Superintendencia de Puertos y Transporte pusieron “una cascarita” a las escuelas de conducción. 

“A una escuela que cobra 15 salarios mínimos (368 mil pesos) solo le alcanza para pagarles a los instructores, así que si alguna sigue cobrando eso, es porque va a seguir vendiendo certificados”, afirmó.

Y agregó: “Los que se van por las tarifas piso son escuelas que van a seguir trabajando fradulentamente. Los que nos vamos por el techo vamos a garantizar la capacitación del alumno”. 

“Una instancia burocrática”

Aunque para Albor, las resoluciones del Ministerio traen muchos aspectos positivos, no opina lo mismo Isidro Ruiz Vega, experto en Movilidad.

Consultado por este medio, Ruiz manifestó que aunque el tema de las evaluaciones teórico-prácticas era “un tema que el país tenía pendiente”, “no se hizo como se debió hacer”.

El experto explicó que, inicialmente, lo que se había propuesto era que pudieran habilitarse como Cales las universidades. Sin embargo, el artículo 2 de la resolución 1349 les abrió la posibilidad a entes privados, siempre que cuenten con un capital de trabajo superior a 500 salarios mensuales (368 millones de pesos) y patrimonio neto superior a 2 mil salarios mensuales ($1.400 millones).

“No hicieron un proceso serio, sino que crearon una instancia burocrática más, que son los Cale”, sentenció. “Otro negocio para otros privados, una traba burocrática más y eso se va a prestar para más corrupción”, advirtió.

Ruiz auguró que, transcurrido el tiempo, “vamos a ver escándalos como los de las escuelas vendiendo certificados. El tema de licenciamiento es uno de los problemas graves del país”. 

Así mismo, afirmó que quienes se quedarán con los Cale serán partículares porque a una universidad no se lo van a entregar “a menos que las universidades se interesen”. 

Respecto a quienes tildan de “caros” los costos para recibir la licencia, Ruiz expresó: “Un curso para aprender a conducir no tiene que costar 300 mil pesos, debería costar mucho dinero, conducir un vehículo no es un derecho, sino un privilegio que el estado da después de que se cumplen unos requisitos”. 

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