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La Superintendencia de Servicios Públicos informó este miércoles en un comunicado que confirmó la sanción impuesta en noviembre pasado a Empresas Públicas de Medellín, EPM, por un valor de $1.817 millones, por no poner en operación comercial el 1 de diciembre de 2018 el Proyecto Hidroeléctrico Pescadero – Ituango.

El ente de control resolvió el recurso de reposición presentado por EPM y confirmó que 'debido al retraso en la puesta en operación de Hidroituango la empresa incumplió la fecha de inicio del periodo de vigencia de las Obligaciones de Energía en Firme que le fueron asignadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, en subasta realizada en junio de 2008'.