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Colombia

Existen fuertes indicios de que Saab se ha estado automutilando: Cabo Verde

La Procuraduría de ese país afirmó que la dirección de la cárcel retiró un objeto personal con el que, al parecer, se estaba hiriendo.

La Procuraduría General de la República (PGR) de Cabo Verde negó hoy que el empresario colombiano Álex Saab, acusado de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, haya sido torturado en una prisión del país africano a petición de Estados Unidos, que lo reclama por supuesto blanqueo de dinero.

En un breve comunicado emitido en Praia, capital caboverdiana, la PGR indicó que efectuó una visita sorpresa a la cárcel de la norteña isla de Sal donde se encuentra recluido el supuesto testaferro.

El Ministerio Público divulgó la nota después de que la semana pasada Saab, en una carta publicada por el diario español "El Mundo", denunciara que ha "sufrido torturas" de "cuatro empleados nativos de Cabo Verde" que Estados Unidos tiene en el penal.

El empresario alegó que esas "torturas" se le infligieron para que firmara "la extradición voluntaria a Estados Unidos" e hiciera "declaraciones falsas contra el presidente Maduro y su familia".

Sin embargo, la PRG señaló hoy que, tras la visita de dos procuradores y un funcionario de Justicia a la cárcel, el equipo concluyó que "no hay indicios de que el detenido ha sido torturado".

"Por el contrario, existen fuertes indicios de que se ha estado automutilando dentro de la celda, lo que llevó a la dirección del establecimiento penitenciario a retirar el objeto personal utilizado a tal efecto", subrayó la Procuraduría.

La Fiscalía agregó que la visita se efectuó "tras conocer la denuncia realizada por el ciudadano nacional de la República Bolivariana de Venezuela, detenido provisionalmente para extradición, de que EE.UU. tiene cuatro empleados caboverdianos que lo están torturando en la prisión donde está detenido".

El empresario colombiano fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla de Sal (el más importante de Cabo Verde), en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por supuestos delitos de blanqueo de dinero.

Supuesto blanqueo de 350 millones de dólares

Tanto el Gobierno como un tribunal de este país insular de África occidental han aprobado la extradición de Saab a Estados Unidos, si bien la defensa han presentado un recurso de apelación contra la decisión de esa corte ante el Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde.

Según fuentes especializadas consultadas por Efe, la sentencia judicial debería conocerse a finales de este mes de septiembre.

Tras la detención de Saab, Caracas señaló que se trata de un ciudadano venezolano y un "agente" del Gobierno que estaba "en tránsito" en Cabo Verde, por lo que sus abogados sostienen que "tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela".

Tras mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab, de 48 años, apareció en la prensa cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.

El empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, cuyas ayudas se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con "cientos de millones de dólares".

Washington también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares (unos 296 millones de euros) supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

Según EE.UU., entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.

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