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Colombia

Disidentes de las Farc queman helicóptero de apoyo a emergencia en Hidroituango

La aeronave estaba siendo utilizada para tareas de construcción de las torres de energía en el proyecto hidroeléctrico, y a la vez, en la ayuda humanitaria en la zona de la emergencia.

Presuntos guerrilleros disidentes de las Farc incineraron un helicóptero en tierra que apoyaba las labores de atención de la emergencia en Hidroituango, la represa más grande en construcción en Colombia, informó el ejército este sábado.

El MI-17 estaba al servicio de una empresa privada y fue incinerado la noche del viernes en una zona rural del municipio de Toledo, en el departamento de Antioquia (noroeste).

El aparato estaba siendo utilizado en las "tareas de construcción de las torres de energía en el proyecto Hidroituango, y a la vez apoyando toda la ayuda humanitaria por la emergencia", afirmó el general Juan Carlos Ramírez, jefe militar de la Cuarta Brigada, en declaraciones a los medios.

El ataque fue adjudicado por el ejército a disidentes del frente 36 de la exguerrilla de las Farc, que se apartaron del proceso de paz con la ya disuelta guerrilla.

Desde hace más de un mes las autoridades en Antioquia están trabajando en la emergencia de Hidroituango, la mayor represa en obra en Colombia que enfrenta el riesgo de colapso por una serie de presuntas fallas geológicas y de ingeniería.

La situación, que amenaza a unos 130.00 pobladores, se originó por un derrumbe que bloqueó el túnel de desviación del río Cauca, que alimenta a la hidroeléctrica. Miles de personas han debido ser evacuadas de forma preventiva ante una eventual avalancha. 

Hidroituango está pensada para que supla una quinta parte de la demanda energética de Colombia. 

Las obras están a cargo del consorcio CCC Ituango, integrado por la brasileña Camargo Correa (55%) y las colombianas Conconcreto (35%) y Coninsa-Ramón H (10%).

Camargo Correa está siendo investigada en el marco de la operación anticorrupción "Lava Jato" (lavadero de autos), que destapó una red de sobornos enquistada en el aparato estatal y político de Brasil, con ramificaciones en decenas de países.

La fiscalía colombiana investiga la contratación y adjudicación de las obras y posibles daños ambientales.

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