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Bancada del Centro Democrático durante un debate en la plenaria del Senado de la República.
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Colombia

Constituyente: la propuesta del uribismo que Duque descarta

El trámite para convocarla tiene varias instancias. Constitucionalistas no comulgan con la idea.

Tras la propuesta del Centro Democrático de convocar una constituyente para reformar la justicia ante la medida de detención domiciliaria que dictó el pasado lunes la Corte Suprema contra el expresidente y senador Álvaro Uribe, el presidente Iván Duque se desmarcó y sugirió seguir insistiendo en una reforma a la justicia.

La senadora uribista Paloma Valencia planteó el pasado martes: “Hoy queremos proponerle al país una constituyente en la que podamos reformar toda la justicia y que estas ideas que le ha presentado este partido al país, como la de la corte única, se conviertan en una realidad”.

Pero el jefe de Estado advirtió este miércoles en la emisora ‘La FM’: “Todas las discusiones desde el punto de vista de vehículos constitucionales son válidas (…) y, por supuesto, nosotros como Gobierno hemos dicho con claridad que esta (la reforma a la justicia) es una necesidad para Colombia. (…) Unos  están hablando del acto legislativo, de manera más rápida; otros, hablando de la ley estatutaria. Un proceso constituyente es un proceso importante que involucra al constituyente primario, pero es un proceso largo”.

¿Cómo se convoca?

Una Asamblea Nacional Constituyente es un mecanismo mediante el cual se elige a una comisión plural de miembros, que representan distintos sectores políticos y sociales, para reformar parcial o totalmente la Constitución.

En la Carta Política se establece que lo primero para convocar una constituyente es que el Congreso, mediante una ley aprobada por la mayoría absoluta de los miembros de Senado y Cámara, disponga la convocatoria de una consulta popular para que los ciudadanos decidan si habría una asamblea constituyente para reformar parcial o totalmente la Constitución.

En dicha ley se debe definir el número de delegatarios que integrarán la asamblea, el sistema para elegirlos, la competencia de la misma, la fecha de su iniciación y su periodo.

Luego de que la ley sea sancionada por el presidente de la República, este la enviará a la Corte Constitucional para que esta decida previamente sobre su constitucionalidad formal, es decir, solamente por vicios en su formación.

Una vez la Corte la avale debe realizarse la consulta en el plazo de dos a seis meses, el tarjetón debe dar la opción de votar sí o no y se aprueba la consulta con un tercio del censo electoral. El Consejo Nacional Electoral, CNE, declarará los resultados. Las reglas definidas por el pueblo en la consulta no podrán ser variadas posteriormente.

La elección de los dignatarios se hará de dos a seis meses después de la declaración de resultados del CNE.

Durante el trámite de la consulta popular se suspende la facultad del Congreso de modificar la Constitución por acto legislativo.

¿Es viable?

Para el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, la convocatoria de una constituyente “es un proceso bastante largo y demorado, y lo considero inoportuno en medio de la pandemia, en esa situación de aumento de contagios y muertos y cuando los colombianos no nos vamos a poder trasladar como se haría normalmente en cualquier tiempo a las urnas”.

Añade el exmagistrado que también es contraproducente “proponer la constituyente a partir de una determinada decisión judicial y respecto a una reforma de la administración de justicia que es precisamente la que ha adoptado la decisión en el caso del expresidente y senador Álvaro Uribe”.

El constitucionalista Juan Manuel Charry pone de presente sobre la eventual reforma a la justicia que “desde el año 2012 está pendiente una reforma a esta rama del poder público, se han presentado más de 15 reformas, la mayoría de ellas sin éxito y las otras solo con avances parciales. Es una necesidad”.

Sin embargo, advierte, “en esta coyuntura, donde se ha dictado una medida de aseguramiento contra el senador Uribe, a mi juicio desproporcionada, donde tenemos una crisis de salubridad pública por la pandemia de la COVID-19, una crisis económica causada por los precios del petróleo y por la propia pandemia, creo que no debemos sumarle a la polarización, y menos que haya un enfrentamiento de poderes del Congreso o la clase política frente a la Rama Judicial. En este momento lo que se necesita es unidad, ponderación, calma y tratar de salir de la crisis de la mejor manera posible”.

En la consideración de Javier Rincón, profesor de derecho constitucional de la Universidad Javeriana, “lo primero que hay que poner de presente es que una constituyente tiene como objeto reformar el sistema constitucional colombiano, y para un convocatoria de esa naturaleza habría que considerar que el sistema completo debe ser revisado en su conjunto. Si bien es cierto que se requieren reformas, no se basan en la necesidad de que haya un cuestionamiento completo de todo el entramado constitucional colombiano”.

Por ello, plantea, “es mejor proponer proyectos de reforma constitucional para hacer ajustes en la justicia, el Ejecutivo o el Legislativo, y honestamente realizar una constituyente en momentos de inestabilidad política termina siendo muy contraproducente, entre otras razones porque es un proceso muy largo y comienza en unas condiciones y no sabemos en qué termina. Es un salto al vacío”.

Y frente a la propuesta de la corte única, indica que “es simplemente evitar que en la cabeza de la Rama Judicial haya enfrentamientos o posiciones divergentes en esas cabezas, y creo que el análisis hay que hacerlo teniendo en cuentra que en lo contencioso administrativo y lo ordinario hay una tradición en ese dualismo, y creo que lo contencioso debería quedar en un sola corte, el Consejo de Estado es tan grande que no sería práctico, y el debate es quién debe estar a la cabeza de toda la Rama Judicial y si debe mantenerse o desaparecer la Corte Constitucional y volver a lo que teníamos antes, que era una sala constitucional al interior de la Corte Suprema, más que una corte única”.

Opina la constitucionalista de la Universidad del Rosario Luisa Fernanda García que la constituyente sería viable para reformar temas concretos de la justicia, pero no todo el aparato judicial.

“Si la propuesta es para reformar el aparato judicial no estoy de acuerdo, creo que no sería la solución una corte única. El principal foco de corrupción en las altas cortes y en el sistema judicial es el de los sistemas de nombramiento y las funciones electorales. Creo que esas dos funciones tienen absolutamente politizada la justicia. El nombramiento por cooptación es un escenario donde no prevalecen los méritos ni la probidad ni la formación, sino el ‘lobby’ y devolver favores en caso de ser elegido. Esos dos temas deberían ser reformados y podría ser por la vía de una constituyente”, sostuvo.

Los antecedentes

En los últimos dos años la idea de una constituyente, paradójicamente, la empezó a ventilar el excandidato presidencial opositor, Gustavo Petro, durante la campaña, en el primer semestre de 2018: “Propongo que una constituyente territorializada y pluralista haga las reformas que no hizo la Constitución del 91: la del territorio, la reforma a la salud, la educación, la justicia, la política y el tránsito hacia una economía productiva”, ‘trinó’ en su momento, pero tuvo que bajarse de esa idea como condición de la Alianza Verde de apoyar su candidatura en la segunda vuelta.

Luego, en noviembre de ese mismo año, el ex presidente del Congreso Ernesto Macías propuso convocar una constituyente para tramitar las reformas política y a la justicia y “ajustar” los acuerdos de paz, ante lo que Duque respondió que descartaba esa iniciativa.

Posteriormente, en mayo de 2019, en medio del convulso panorama político generado por la decisión de la JEP de no extraditar a ‘Jesús Santrich’ y de la renuncia a raíz de esto del fiscal Néstor Humberto Martínez, el uribismo insistió en convocar una constituyente mientras que la oposición la rechazó de plano.

Y, finalmente, en septiembre pasado, el disidente ‘Santrich’, cuatro días después del vídeo de ‘Iván Márquez’ anunciando el rearme, apareció en un nuevo video reiterando la necesidad, según los exjefes de las desmovilizadas Farc, de una asamblea constituyente

Este asunto de la constituyente es uno de los temas que ha generado división entre el ala moderada del Centro Democrático –a la que pertenece Duque– y el ala dura, que en el pasado ha amenazado con quebrar la unidad del uribismo y fragmentarlo entre una facción que respaldaría al Gobierno y otra proclive a la crítica e, incluso, a la disidencia.

¿El presidente se habría extralimitado en su defensa a Uribe?

Este martes, tras la detención del expresidente y senador Álvaro Uribe, el presidente Iván Duque salió en defensa de su mentor político y pidió que este pudiera ejercer su defensa en libertad.

Ante esto, los pronunciamientos del presidente han despertado un debate sobre si se habría extralimitado o no en sus funciones como jefe de Estado al exponer tales peticiones en el caso del senador Uribe.

Jairo Libreros, profesor de la Universidad Externado de Colombia y analista político, dijo que el presidente Duque se ha extralimitado en dos momentos: ayer (martes) durante la ronda de medios radiales a nivel nacional y este miércoles.

“Desconoce el equilibrio de poderes y es una afectación, ya que le quita garantías a los jueces de juzgar en un ambiente libre de apremios por parte del Legislativo o Ejecutivo”, expresó Libreros. 

El analista refirió que el presidente primero solicitó que cualquier decisión que se adopte en el caso no estuviese relacionada con la detención de Uribe, que pudiera defenderse en libertad, y, segundo, pidió aplicar el “principio de honorabilidad”.

“Eso es aún más grave, ha salido a hablar de un concepto inédito que no tiene antecedentes legales ni está en el Código de Procedimiento Penal. Habló de la presunción de honorabilidad como un principio a tener en cuenta en el caso de Uribe”, manifestó.

Libreros aclaró que ese término es novedoso y no tiene respaldo en la Constitución Política de Colombia ni es legal. “(Esos comentarios) dejan muchas dudas del perfil democrático del presidente, se equivoca y le quita legitimidad a las propias instituciones que juró defender”, señaló el analista.

Sin embargo, otra es la percepción del profesor de la Universidad Central Álvaro Forero.

“El presidente ha expresado su solidaridad con un político, que era de esperarse, porque comparten muchas ideas, son del mismo partido y se refiere a alguien que ha liderado ese sector de la opinión, no me parece que haya sido una intervención contraria al respeto a la justicia”, manifestó.

No obstante, Forero agregó que se esperaría que el mandatario fuese prudente. “Una función del presidente es ser prudente en sus pronunciamientos. Pero, por el momento, en lo que ha dicho considero que no ha incurrido en una falta o que esté ejerciendo una presión indebida a la justicia”.

Procuraduría | Decisiones judiciales

La Procuraduría General de la Nación recordó este miércoles, a través de un comunicado de prensa, el imperativo para todas las ramas del poder público de acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales.

“Ningún servidor público está habilitado para promover o alentar su incumplimiento. Es el acatamiento a la ley lo que garantiza la supervivencia de la democracia y el Estado de derecho”, afirma.

Agrega el ente de control que “el único escenario legítimo para la discusión y confrontación de las decisiones judiciales es el proceso mismo, acudiendo a los instrumentos que el debido proceso provee”.

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