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Colombia

Así es el contrato entre Reyes y el gobierno Santos

En 2016 la Oficina del Comisionado de Paz contrató a la sociedad del hoy magistrado para la investigación de los listados de presos de las Farc.

El contrato de prestación de servicios FP-148 del 14 de julio de 2016, por $574 millones, suscrito entre el Fondo de Programas Especiales para la Paz del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la empresa Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores, es el que ha generado críticas por parte del expresidente Álvaro Uribe y su partido del Centro Democrático.

Esto porque consideran sospechoso el hecho de que el entonces subgerente de la sociedad de abogados y quien suscribe la contratación, César Reyes, sea el magistrado que tomó las primeras determinaciones en el proceso que se le sigue a Uribe en la Corte Suprema de Justicia.

Dicen los uribistas que el hecho de que tal contrato haya sido suscrito en la era Santos, a quien Uribe declaró enemigo político, genera suspicacias en torno a las decisiones que posteriormente tomaría el togado en contra del líder del Centro Democrático.

La contratación, suscrita entre María Restrepo, directora del Fondo de Programas Especiales para la Paz, y Reyes, se justifica en que "la Oficina del Alto Comisionado para la Paz requiere acopiar y analizar la información jurídica de las personas que se encuentran privadas de la libertad, así como las condiciones témporo-modales, la condición de vinculación a la justicia ordinaria, los delitos y penas impuestas a estos, realizar desplazamientos a los diferentes establecimientos carcelarios donde se encuentren recluidas las personas incluidas en los listados o relacionadas por la delegación de las Farc y/o a los despachos judiciales donde cursen los correspondientes procesos contra estas personas".

Por lo anterior, agrega, "se requiere realizar una investigación situacional de identificación, verificación y análisis de las condiciones jurídico-carcelarias en que se encuentran las personas que aparecen enlistadas por pertenecer o colaborar con la organización armada ilegal Farc, en todo el país"

Y se indica en el contrato de siete páginas que hubo "tres solicitudes enviadas", que "se recibió respuesta positiva de dos empresas" y que "la propuesta que más se ajustaba a las necesidades de la Oficina, en el aspecto económico, fue la presentada por la empresa Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores".

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