Tal y como sucedió con el liberalismo y la izquierda a finales de los ochentas y comienzos de los noventas, lapso fatal en el que fueron asesinados cuatro candidatos presidenciales en el país, esta elección a la Casa de Nariño ha estado signada también trágicamente con los crímenes contra candidatos y activistas de la derecha, entre los que lleva la lápida principal el precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, asesinado a mediados del años pasado en pleno umbral de la campaña.
Esto en un contexto en el que grupos armados ilegales y organizaciones criminales han aumentado su presencia territorial en varias regiones del país en medio de los naufragios de una ambiciosa pero indulgente política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro.
El mandatario comenzó en 2022 diálogos con guerrillas, disidencias de las FARC y bandas criminales pero estos grupos aprovecharon la situación para aumentar su número de integrantes, su control territorial y las disputas armadas en distintas regiones del territorio nacional.
Uno de estos grupos disidentes de las FARC que han iniciado sin terminar los diálogos con el Ejecutivo es la Segunda Marquetalia, señalada por el magnicidio de Uribe Turbay.
El caso Miguel Uribe
El 7 de junio de 2025, en la localidad de Fontibón de Bogotá, en medio de un acto político en el barrio Modelia, el precandidato uribista recibió varios disparos, de los cuales dos le impactaron en la cabeza y uno en una de sus piernas.Fue trasladado a un centro médico local, y en el lugar fue capturado el sicario del hecho, un menor de 15 años. Eventualmente seguirían una decena de capturas en medio de las pesquisas.
Tras dos meses de intervenciones quirúrgicas en la Fundación Clínica Santa Fe, Uribe Turbay falleció a la 01:56 de la madrugada del 11 de agosto del 2025 debido a una hemorragia en el sistema nervioso central.
El pasado 24 de marzo, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, responsabilizó del atentado a las disidencias de las FARC de la Segunda Marquetalia y emitió una orden de captura contra alias Iván Márquez, alias John 40 y alias El Zarco Aldinever, cabecillas del grupo desertos de los acuerdos de paz de La Habana durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Golpe al Centro Democrático
Desde el Centro Democrático partido de Uribe Turbay, su candidata presidencial, Paloma valencia, al ganar las consultas de marzo, recordó en su discurso al inmolado precandidato
“Miguel nos duele en el corazón todos los días, desde que lo asesinaron”, dijo Valencia visiblemente conmovida, agregando que su memoria representa “todo lo bueno, todo lo noble, todo lo bello”.
“Aquí estamos pensando en ti, empeñados en que tu muerte no sea una más”, manifestó, advirtiendo que combatirá a los actores violentos que han operado con impunidad durante el actual gobierno.
Dos Defensores de la Patria
Dos miembros del movimiento ciudadano Defensores de la Patria, que abandera la campaña presidencial del candidato Abelardo de la Espriella, fueron asesinados en la noche del 15 de mayo pasado en el departamento del Meta.
Las víctimas fueron interceptadas y baleadas por hombres armados en una zona rural del municipio de Cubarral: Rogers Mauricio Devia Escobar, ex alcalde de esta localidad de 2020 a 2023 y coordinador de la campaña en el departamento, y Fabián Cardona López, líder político, trabajador de la Fundación Iluminando Vidas y acompañante de Devia.
El luto de Abelardo
En medio de las exequias de Devia Escobar y Cardona López, el candidato presidencial envió un mensaje transmitido en vivo desde una capilla ubicada en un lugar no revelado por motivos de seguridad y luego de que el dirigente político recibiera una alerta sobre un posible atentado en su contra, presuntamente planeado por las disidencias de las FARC al mando de alias Calarcá.
Durante su intervención, Abelardo aseguró que hablaba “con el alma completamente rota”, aunque también expresó que estaba “con la frente en alto, como un tigre herido que no se doblega”.
“No vengo a llorar derrotado, porque Rogers y Fabián no lo querían así. Ellos no se rindieron, entregaron sus vidas dando la batalla. Vengo a honrar a dos héroes que dieron todo por esta patria que tanto amamos”, expresó.
Y responsabilizó el abogado directamente a las disidencias y aseguró que el crimen “no quedará en la impunidad”.
Presión armada
A mediados de mes, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), alertó que los electores colombianos afrontan presiones de grupos armados ilegales en algunas regiones.
Este centro de estudios identificó “patrones atípicos” en el 7,6 % de los puestos de votación analizados, ubicados en zonas de riesgo donde podrían existir afectaciones al voto libre.
El análisis, basado en las elecciones legislativas de marzo pasado, identificó 1.019 puestos de votación con comportamientos electorales atípicos, que concentran 327.196 votos efectivos y un potencial de 494.434 personas habilitadas para votar.
“El voto se captura antes de llegar a la urna. Donde no hay denuncias visibles, puede haber miedo”, afirmó el director ejecutivo del ICP, Carlos Augusto Chacón, citado en el informe ‘Votar con miedo’, elaborado junto a la Fundación Colombia 2050 y apoyado en una red de más de 120 observadores desplegados en al menos 42 de los 1.123 municipios del país.
El análisis señala que en esas regiones, marcadas por la presencia de grupos armados y economías ilegales, existen señales de coerción, vigilancia comunitaria, restricciones a la movilidad y compra de votos que “ameritan verificación” antes de la jornada electoral.
El informe fue publicado días después en que se conociera un audio atribuido inicialmente a las disidencias en el que un hombre pedía votar por el candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y amenazaba con sanciones económicas a campesinos de Guaviare en caso de no hacerlo.
No obstante, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aseguró que el audio corresponde a un caso de extorsión carcelaria y no tiene vínculos con grupos guerrilleros.
Aunque el informe del ICP documenta casos concretos de presión electoral en departamentos como Caquetá, Guaviare, Cauca, Chocó y Norte de Santander, donde en marzo se reportaron exigencias del certificado electoral bajo amenazas, restricciones al transporte de personas vinculadas a campañas políticas y presencia de grupos armados cerca de puestos de votación. Y aseguró que la compra de votos dejó de ser “un fenómeno marginal” y pasó a convertirse en un mecanismo estructural de captura electoral, con pagos que en algunos lugares oscilaron entre 20.000 y 500.000 pesos.
