Human Rights Watch (HRW) expuso este martes que mercenarios colombianos que fueron desplegados en Sudán para luchar junto al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) recibieron entrenamiento en bases militares de Emiratos Árabes Unidos (EAU), país que niega su implicación en esta guerra.
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La organización detalló en un informe de 83 páginas que, desde 2024, la empresa de seguridad con sede en Abu Dabi Global Security Services Group (GSSG) contrató a “cientos de mercenarios colombianos” que fueron mandados a Sudán para luchar con las FAR, en guerra con el Ejército sudanés desde abril de 2023.
Esta empresa fue fundada en 2016 por el secretario general de la Corte Presidencial de Emiratos, Mohamed al Humairi, quien rinde cuentas ante el vicepresidente del país árabe, Mansour bin Zayed Al Nahyan, hermano del presidente y dueño del club de fútbol inglés Manchester City.
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HRW entrevistó a dos contratistas militares privados colombianos desplegados en Sudán, y uno de ellos afirmó que al llegar a EAU evitó los controles de inmigración y no le sellaron el pasaporte, mientras que fue trasladado “inmediatamente” con otros a la base de Ghiyathi, en Abu Dabi, donde “recibió entrenamiento por parte de ciudadanos emiratíes”.
La ONG identificó que los reclutas transitaron por dos bases militares antes de ser mandados a Sudán: la de Ghiyathi y una instalación en Al Wathba, también en el emirato de Abu Dabi.
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“El reclutamiento de mercenarios colombianos se suma a un creciente conjunto de pruebas de que EAU proporciona apoyo militar a las FAR, que han perpetrado repetidamente atrocidades en Sudán”, denunció en la nota la directora ejecutiva de la división de África de HRW, Mauso Segun.
La primera evidencia pública de la presencia de colombianos en Sudán provino de videos publicados en redes sociales en noviembre de 2024, 19 meses después del inicio de la guerra, cuando grupos aliados del Ejército sudanés interceptaron un convoy de colombianos que había ingresado al país africano desde Libia.
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Además, según investigaciones de HRW y otras organizaciones, se descubrió que los colombianos poseían proyectiles de 81 milímetros de fabricación búlgara que fueron desviados de las reservas de las Fuerzas Armadas de EAU, en violación de los acuerdos de usuario final de este tipo de armamento.
La ONG también verificó vídeos que muestran a mercenarios “aparentemente colombianos” combatiendo en Al Fasher (Darfur del Norte) durante la sangrienta toma de la ciudad por parte de las FAR en octubre de 2025, cuando se produjeron asesinatos, violaciones y abusos “generalizados”.
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Asimismo, indicó que un contratista colombiano afirmó haber entrenado a combatientes de las FAR en campamentos de Nyala -el principal bastión de los paramilitares en Darfur del Sur- en abril de 2025, y que “muchos de los reclutas eran niños pequeños”, algo que constituye un crimen de guerra según el derecho internacional.
Después de más de tres años de guerra, Emiratos Árabes sigue negando categóricamente que brinde apoyo a las FAR, acusadas de haber cometido crímenes de lesa humanidad, y afirma que solo presta ayuda humanitaria a la población sudanesa.
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La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento interno y externo de unas 14 millones, mientras que más de 19.5 millones -dos de cada cinco sudaneses- sufren niveles de crisis de inseguridad alimentaria, de acuerdo con Naciones Unidas.
