El movimiento ciudadano Defensores de la Patria, liderado por el candidato presidencial Abelardo De La Espriella, denunció públicamente amenazas de muerte sistemáticas contra los coordinadores de su campaña en varias regiones del país.
Esta denuncia se presentó de manera oficial en Bogotá el 17 de mayo de 2026. La organización advirtió que la falta de acciones por parte de las autoridades pone en riesgo real la vida de sus militantes.
Estas intimidaciones ocurren dos días después del homicidio de Rogers Mauricio Devia y Fabián Cardona, integrantes de la campaña en el departamento del Meta. Ambos fueron interceptados por cuatro hombres encapuchados en motocicletas y ejecutados a tiros cuando regresaban de recoger material publicitario en las veredas de Cubarral.
Hasta el momento no se registran capturas ni se han esclarecido los crímenes. El movimiento señaló que este silencio institucional fomenta la impunidad y desencadena los nuevos mensajes intimidatorios.
La dirección del movimiento aclaró que las denuncias no son especulaciones, sino hechos documentados con números de origen identificados y contenidos registrados. La campaña pondrá a disposición de las autoridades evidencias que incluyen capturas de pantalla de los mensajes y registros de llamadas.
A través de María Fernanda Sandoval, directora de comunicaciones, la organización cuestionó la postura de algunos sectores informativos: “Lamentamos que algunos medios de comunicación hayan optado por cuestionar la veracidad de estas denuncias antes de investigarlas. Les pedimos que actúen con la responsabilidad que exige el momento: en este contexto, la incredulidad puede costarle la vida a alguien”.
Campaña de Abelardo De La Espriella exige a las autoridades garantías de seguridad para el candidato presidencial
Ante la cercanía de la jornada electoral del 31 de mayo, Defensores de la Patria emitió requerimientos urgentes a distintas instituciones del Estado:
- A la Fiscalía General de la Nación: exigen la apertura inmediata de una investigación penal, el rastreo del número celular identificado y medidas legales para proteger a los afectados.
- A la Policía Nacional: solicitan la activación de esquemas de protección para los integrantes de la campaña señalados por su nombre y dirección.
- Al Gobierno Nacional: le recuerdan su obligación constitucional de garantizar la vida de los colombianos y advierten que su silencio envía un mensaje erróneo a las organizaciones criminales.
Finalmente, el movimiento pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección y organismos internacionales de derechos humanos para vigilar la situación de riesgo y garantizar la participación democrática sin violencia.
