De cara a las elecciones presidenciales que se realizarán este domingo 31 de mayo, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, se refirió a la violencia política que atraviesa y rechazó el lenguaje ofensivo y discriminatorio en el debate electoral en medio de la contienda electoral.
“Lo que nosotros hemos observado es que es una campaña donde tanto los candidatos como las personas que participan, sobre todo en redes sociales, tienen un lenguaje que es ofensivo, discriminatorio”, dijo Marín en diálogo con ‘Blu radio’.
“Encontramos altos niveles de discriminación de género, también racial, y estigmatización”, señaló.
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La funcionaria recordó que “la Alerta Temprana Electoral 013 de 2025 y su informe de seguimiento identifican riesgos en varias zonas del país y formulan recomendaciones para activar una respuesta coordinada entre el Ministerio del Interior, las autoridades locales y regionales, el Ministerio Público y la Fuerza Pública, con el fin de garantizar las condiciones para el ejercicio libre, informado y sin presiones del derecho al voto”.
Desde la Defensoría del Pueblo se solicitó al Gobierno Nacional avanzar en acuerdos para que los grupos armados que participan en mesas de conversación se comprometan a no restringir la actividad de las campañas electorales ni el ejercicio libre del voto para el 31 de mayo.
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Asimismo, Marín reiteró que ninguna de las denuncias y amenazas presentadas por los candidatos presidenciales han sido desestimadas, pero indicó que esta información debe manejarse con responsabilidad pública, por lo que hizo un llamado a la Fiscalía para “dar trámite urgente a todas las denuncias”.
Además, reiteró al Gobierno nacional la necesidad de garantizar medidas de protección para todos los aspirantes a ocupar la Casa de Nariño.
Marín también hizo un llamado a los funcionarios públicos, a quienes les recordó la importancia de evitar la participación en política.
Por su parte, pidió a la Registraduría Nacional del Estado Civil trabajar para que las personas que aún no han sido condenadas y se encuentran en centros de detención transitoria cuenten con las garantías necesarias para ejercer este derecho.
