Este miércoles 29 de abril se reactivan las audiencias dentro del controvertido proceso del caso Aguas Vivas, en el que están vinculados el superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, y otros exfuncionarios.
En esta jornada judicial, la Fiscalía General de la Nación continuará la presentación de material probatorio y la sustentación de los señalamientos por presuntos hechos de corrupción.
La diligencia de acusación comenzará en la mañana y corresponde a una etapa clave antes del juicio. En ella, el ente acusador seguirá exponiendo las evidencias recolectadas y detallando los cargos formulados contra los implicados en el caso, relacionado con un lote de más de 145.000 metros cuadrados ubicado en el suroriente de Medellín.
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El exalcalde de Medellín, ahora superintendente de Salud, junto con otros exservidores públicos, fue imputado por delitos como peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos. Según la investigación, habrían intervenido en la presunta valorización irregular del predio.
La reanudación del proceso ocurre pocos días después de que Quintero Calle asumiera su nuevo cargo, en medio de una solicitud de la defensa que busca la nulidad de la imputación presentada por la Fiscalía General de la Nación.
En audiencias anteriores, los abogados del exmandatario cuestionaron la forma en que se estructuró la imputación, señalando supuestas fallas de la fiscal Yarlecy Mena al no detallar de manera clara y precisa los hechos que sustentan los delitos atribuidos.
Por otro lado, el caso se remonta a 2019, cuando un grupo de constructores entregó a la Alcaldía de Medellín un terreno de 147.000 metros cuadrados sin recibir pago alguno, como parte del cumplimiento de las llamadas ‘obligaciones urbanísticas’.
Con esta entrega, el predio pasó a ser propiedad pública de los ciudadanos. Sin embargo, durante la administración de Quintero, la investigación señala que se intentó que el Distrito pagara más de $40.500 millones a particulares por ese mismo terreno.
Finalmente, al no concretarse dicho desembolso, la administración habría optado por devolver el lote a los particulares, pese a que, según las autoridades, ya hacía parte del patrimonio del Distrito.
