Luego de las quejas en distintas poblaciones del país por el incremento en el impuesto predial y tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que responsabiliza a los alcaldes de estas alzas, la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) reprochó las acusaciones.
La entidad sostuvo que los mandatarios locales “no están actuando por capricho o interés propio al definir los avalúos catastrales”, sino en el marco del cumplimiento del artículo 49 de la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, en el que se ordenó una actualización catastral en 520 municipios priorizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
“Culpar a los alcaldes de los aumentos en el predial que hoy perciben los ciudadanos es irresponsable y demagógico, los municipios están cumpliendo la ley basándose en lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro”, afirmó Gilberto Toro Giraldo, director Ejecutivo de la federación.
Asimismo, advirtieron que esta medida ha generado “impactos sociales y administrativos en los territorios, incluyendo inconformidad ciudadana y un aumento en las reclamaciones”, pese a que los municipios no tienen competencia sobre la determinación de los avalúos.
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“Se requiere mayor articulación y pedagogía desde el Gobierno Nacional para evitar desinformación y afectaciones a la gobernabilidad local”, agregó Toro Giraldo.
Por ello, hicieron un llamado al Gobierno nacional para “asumir con responsabilidad la implementación de esta política y trabajar de manera conjunta con las entidades territoriales para resolver la grave crisis social y económica” derivada de la implementación de esta política.
A su turno, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi ha dicho que frente a las inconformidades, demostradas en días pasados con bloqueos en vías y manifestaciones en las calles, ha venido desarrollando “espacios de diálogo abiertos, participativos y constructivos” con distintos actores.
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“El Instituto ha adelantado encuentros previos a estas movilizaciones con veedurías, alcaldes, representantes comunitarios, líderes y lideresas de los departamentos de Santander, Meta y Cundinamarca, quienes han tenido la oportunidad de exponer las problemáticas y particularidades de sus territorios”, aseguraron.
Han dicho, además, que han atendido los llamados de las alcaldías, gobernaciones, defensoría y personería para corregir las posibles inconsistencias resultantes de los procesos de actualización y la aplicación de la metodología de Artículo 49, y atender las preocupaciones sobre casos puntuales.
“En desarrollo de nuestro deber institucional, hemos atendido a las alcaldías municipales y sus Secretarías de Hacienda, para abordar las inquietudes referentes a la aplicación de límites del Impuesto Predial Unificado. Así como para revisar casos específicos que han requerido ajustes en los resultados de Art 49, como ocurrió en el municipio de Palma de Torres (Santander), que ya cuenta con Resolución de modificación de resultados para la vigencia 2026; y el municipio de Choachí (Cundinamarca) que ya tiene un plan de trabajo para la revisión de los valores de avalúos en las zonas de reserva ambiental, explicaron.
