La Procuraduría General de la Nación, por medio de un comunicado, anunció este jueves 9 de abril que abrió una investigación previa en contra de funcionarios por determinar del Departamento Administrativo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por presuntas interceptaciones telefónicas ilegales al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.
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La entidad señala que, según las denuncias en varios medios de comunicación, la DNI habría generado “informes de inteligencia sobre una conversación de Abelardo de la Espriella con los hermanos Bautista, máximos accionistas de Thomas Greg & Sons, empresa que apoya en la logística de las elecciones”.
La PGN también anunció que para este caso llamó a declarar al entonces director de inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía, quien aseguró en medios de comunicación que “sí existieron las famosas chuzadas”, bajo una orden judicial.
“La actuación disciplinaria que inició el Ministerio Público busca delimitar los hechos y determinar presuntos responsables para valorar la posible incidencia disciplinaria, para lo que decretó la práctica de pruebas”, se lee en el escrito.
Hay que recordar que fue el mismo presidente Gustavo Petro quien a través de publicaciones en su cuenta de X denunció que el candidato presidencial habría tenido conversaciones con los dueños de Thomas Greg & Sons, según “informes de inteligencia”.
Esto encendió las alarmas en los sectores políticos sobre posibles interceptaciones a opositores. Funcionarios del Gobierno han aclarado que dichas intervenciones fueron hechas a los accionistas de la empresa en mención por una orden judicial y en las conversaciones surgió el nombre de Abelardo de la Espriella.
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Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación llevó a cabo un exhaustivo análisis de cerca de 13.000 interceptaciones telefónicas legales realizadas mediante la plataforma Esperanza y no encontró ninguna relacionada con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.
De acuerdo con el reporte de Blu Radio, la revisión también incluyó nombres adicionales mencionados en la controversia, como los hermanos Bautista. Hasta el momento, tampoco se han encontrado registros de interceptaciones legales vinculadas a ellos, lo que mantiene la incertidumbre sobre el origen de la información difundida públicamente.
Todo esto deja un interrogante clave: de dónde provino la información citada por el presidente Petro. Ante la ausencia de registros en el sistema de la Fiscalía, autoridades y sectores políticos han planteado la necesidad de aclarar qué fuente proporcionó esos datos y cómo llegaron al conocimiento del mandatario.
