El Ministerio de Defensa anunció que empezará las pruebas del llamado Escudo Nacional Antidrones desde el lunes 23 de marzo de este año. Se trata de un proyecto que busca contrarrestar el uso de drones por parte de grupos armados ilegales.
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El proyecto está valorado en cerca de 6,2 billones de pesos y se estuvo trabajando en este desde hace unos tres meses, momento en que fue anunciado por la cartera de Seguridad. En la articulación trabajaron las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y expertos técnicos.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que por lo menos 21 países han manifestado su interés en aportar soluciones tecnológicas y participar en el desarrollo de este sistema, mientras 115 empresas internacionales han sido invitadas a presentar propuestas para enfrentar la amenaza del uso criminal de drones.
Detalló Sánchez que durante el trabajo del proyecto Colombia ha visitado ocho países (Qatar, Turquía, República Checa, Alemania, Francia, España, Estados Unidos y Reino Unido) para conocer distintas capacidades de defensa relacionadas con sistemas antidrones, vehículos blindados, helicópteros, aeronaves, municiones y armamento.
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Las pruebas se extenderán hasta el 10 de abril y se buscará evaluar los equipos y su capacidad para detectar, anticipar y neutralizar drones usados por las organizaciones criminales.
“El proyecto se desarrolla sobre tres líneas estratégicas: Legislación y Doctrina, entrenamiento y operaciones, y tecnología. Su objetivo es claro: garantizar el control del espacio aéreo, salvar vidas y anticiparse a nuevas amenazas”, dijo en su momento el ministro.
Informes de seguridad citados por autoridades indican que entre abril de 2024 y febrero de 2026 se han documentado al menos 418 ataques con drones cargados con explosivos en el país, con el lanzamiento de cerca de 935 artefactos y más de 300 afectados entre civiles y miembros de la fuerza pública.
La frecuencia de estos hechos equivale aproximadamente a un ataque cada día y cuatro horas, lo que evidencia la rápida expansión de esta modalidad en el conflicto. Autoridades de seguridad han advertido que estas aeronaves, de bajo costo y fácil acceso en el mercado, permiten a organizaciones criminales atacar posiciones militares o policiales, vigilar movimientos de tropas y ampliar su capacidad ofensiva con menor exposición de sus combatientes.
