Un nuevo comunicado emitido por la Junta Directiva de Ecopetrol le da un espaldarazo a su presidente, Ricardo Roa, al que le fue imputado el delito de tráfico de influencias de servidor público, esto derivado de las presuntas irregularidades en la adquisición de un lujoso apartamento de su propiedad.
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“En el marco de una indagación adelantada contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por parte de la Fiscalía General de la Nación, dicha entidad decidió imputarle cargos (…) La referida diligencia no equivale a una condena o a una decisión de fondo y no desvirtúa la presunción inocencia que le asiste al señor Roa”, precisó el ente rector de la estatal petrolera mediante un comunicado.
La junta directiva aseguró que respeta la presunción de inocencia de Ricardo Roa y su derecho al debido proceso y que tras una sesión universal adelantada el pasado miércoles, “seguirá actuando conforme con la debida diligencia y el protocolo establecido para ello, que permite realizar una evaluación rigurosa, objetiva y documentada del asunto”.
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“La Junta Directiva ha recibido de forma oportuna y completa información por parte de la administración y ha estado acompañada de firmas de consultoría especializadas a nivel nacional e internacional”, añadieron.
En ese sentido, informaron que seguirán haciendo un “pormenorizado y juicioso” seguimiento de la información financiera para analizarla y “tomar los correctivos al impacto” que pudiera generar la situación de Ricardo Roa sobre “los valores de la compañía y continuará deliberando para adoptar una decisión formal sobre la compatibilidad de la continuidad del Presidente con las obligaciones regulatorias de la compañía, conforme a los deberes fiduciarios de este órgano de administración”.
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Agregaron: “Es compromiso de la Junta Directiva garantizar la confianza de los inversionistas y de los grupos de interés, al igual que asegurar la sostenibilidad financiera, los valores y la gobernanza de la empresa”.
La diligencia de imputación de cargo se llevó a cabo ante el Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá que lo investiga por un supuesto beneficio a favor del empresario Juan Guillermo Mancera, quien habría obtenido un contrato de la compañía tras participar en un negocio previo de compra-venta de un apartamento con Roa.
