Un panorama preocupante encontró la Contraloría General de la República en lo que se refiere a contratación pública luego de entrada en vigor de la Ley de Garantías Electorales que arrancó el pasado 31 de enero y que tiene como objetivo ponerle freno a los recursos del Estado para que estos no sean utilizados para favorecer a un candidato.
Lea también: Autoridades en el Atlántico ofrecen recompensa de hasta $10 millones por información de delitos electorales
El ente de control alertó sobre 6.292 contratos realizados de manera directa por más de $2 billones firmados entre el 31 de enero y el 27 de febrero de 2026, tiempo en el que este tipo de contratación no se podía llevar a cabo.
“Los sectores sociales, comercio y desarrollo, inclusión social, justicia y servicios públicos, son los que más contratos reportan una vez entrada en vigor la Ley de Garantías y que no tendrían excepción”, describe la Contraloría al tiempo que explicaron que solo se eximen de esta normativa los sectores de salud, defensa y seguridad, así como aquellos cuyo objeto contractual hacía referencia a situaciones de emergencia, desastre, urgencia manifiesta o crédito.
La Dirección de Información Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría en total analizó 25.685 contratos por un valor de $2.8 billones.
Lea también: Dejan en libertad al general (r) Miguel Maza Márquez, condenado por el magnicidio de Luis Carlos Galán
Otra parte del seguimiento es el uso de recursos públicos con fines proselitistas en época electoral. En este se identificaron 17.841 contratos directos por un valor superior a los $1.68 billones, entre el 1 de octubre del año pasado y el 30 de enero de 2026, por eventos, publicidad, conciertos, refrigerio, tarima o logística.
“Somos conscientes de que hoy enfrentamos desafíos complejos: la polarización, la desinformación, el orden público y la violencia política, así como las brechas sociales ponen a prueba nuestras instituciones y nuestra capacidad de respuesta. Precisamente por ello, espacios como éste evidencian el esfuerzo al que estamos llamados para fortalecer las garantías electorales, promover prácticas responsables y avanzar hacia mecanismos que reduzcan la desigualdad y dignifiquen la participación democrática”, sostuvo el contralor general, Carlos Rodríguez.
Durante su intervención en foro ‘Garantías Electorales, un diálogo con las regiones’, añadió que el reto de la Contraloría General es asegurar que todos los ciudadanos, sin excepción, puedan ejercer sus derechos políticos en condiciones de equidad, seguridad y confianza. Es por eso que, el órgano de control implementó el Modelo Analítico Electoral de Seguimiento Preventivo, en el que se analiza información y se realiza vigilancia y control a los recursos destinados para las elecciones.
Lea también: Capturan a un adulto y aprehenden a un menor por el asesinato de las dos adolescentes en Malambo
“La vigilancia a la Ley de Garantías ha evolucionado hacia un modelo más preventivo, basado en datos, trazabilidad contractual y alertas tempranas, que permitan anticipar irregularidades antes de que se materialicen”, añadió.
