El presidente Gustavo Petro firmó la Resolución 053 de 2026, con la que se crea una Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal en el área rural de Valle del Guamuez, como parte del proceso de paz avanzado con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (EB).
La medida tiene como objetivo principal facilitar la transición de los miembros de este grupo armado a la vida civil y avanzar en la terminación del conflicto en la región, en cumplimiento de la Ley 2272 de 2022 y los compromisos adquiridos en la Mesa de Diálogos de Paz.
¿Cómo operará la zona?
Según lo estipulado en la resolución, la zona estará vigente inicialmente durante diez meses, contados desde la entrada en vigor del acto administrativo.
Asimismo, este espacio funcionará como un área delimitada destinada a la capacitación, ubicación temporal y desarrollo de programas de transformación territorial. Se priorizará la sustitución de economías ilegales por actividades productivas legales y sostenibles.
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La ubicación exacta será definida en un documento reservado, y mientras la zona esté operativa, las entidades del Estado deberán coordinar acciones que garanticen seguridad, dignidad y acompañamiento institucional.
Además, la resolución establece que, conforme a los protocolos acordados en la Mesa de Diálogos, se podrá suspender de manera temporal la ejecución de órdenes de captura contra los miembros acreditados de la Coordinadora Nacional - EB que ingresen y permanezcan en la zona, sin que ello implique el levantamiento definitivo de dichas órdenes.
Por otro laado, el jefe de la delegación del Gobierno en la Mesa de Diálogos de Paz con la Coordinadora Nacional - EB, Armando Novoa, afirmó que la firma de la resolución representa un paso adelante en la implementación de los acuerdos.
“Hemos dado un paso firme mostrando que el camino que abrimos en esta Mesa de Diálogos de Paz se empieza a materializar”, expresó.
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Finalmente, el Gobierno precisó que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz será la responsable de notificar oficialmente la resolución a las autoridades judiciales y administrativas, así como de coordinar su ejecución.
