El presidente Gustavo Petro le salió al paso de las críticas tras conocerse un contrato por 10.000 millones de pesos para la contratación de una firma internacional de abogados que busca gestionar su salida y la de varios miembros de su familia de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), más conocida como Lista Clinton.
A través de su cuenta en la red social X, el mandatario aseguró que, como funcionario público, “tiene el derecho de defenderse” frente a su inclusión en ese listado de sancionados.
El jefe de Estado enfatizó que el uso de recursos del Estado en su defensa responde a la necesidad de proteger la integridad de la nación ante posibles efectos financieros y diplomáticos derivados de las sanciones internacionales.
“En acciones de la presidencia protegidas por leyes internacionales y nacionales del país donde se me asignan la comisión de irregularidades, tengo el derecho de defenderme como servidor público”, expresó Petro en redes sociales.
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El contrato a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) fue adjudicado de forma directa a Amadeus Consultancy Limited, un bufete con sede en el Reino Unido cuyo principal representante en el caso es el abogado estadounidense Daniel Kovalik.
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Los detalles de la contratación salieron a la luz tras una denuncia realizada por la congresista Katherine Miranda, quien explicó que inicialmente Kovalik había señalado que actuaría de manera pro bono, pero finalmente el acuerdo estableció el pago de honorarios millonarios, usando los recursos públicos.
Debido a ello, Miranda pidió investigar la actuación de los funcionarios del Dapre involucrados en la contratación.
En respuesta a las denuncias, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar para determinar si existió detrimento al patrimonio estatal o violación de las normas de contratación pública. Las investigaciones se enfocan en establecer si la asignación de esos recursos violó principios legales al destinar fondos oficiales a un asunto que la congresista considera de carácter personal.
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“Esta investigación se abre gracias a la denuncia que presentamos ante la Procuraduría y la Contraloría. Los impuestos de los colombianos no pueden usarse para defender los problemas personales del presidente ni su esposa. Los recursos públicos son sagrados y deben respetarse”, dijo la representante a la Cámara.
Recordemos que el pasado 24 de octubre del 2025, el Gobierno de Estados Unidos anunció que el presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la Lista Clinton.
El anuncio se dio tras la crisis diplomática que atraviesan ambos países por temas relacionados al narcotráfico y a la destrucción de varias ‘narcolanchas’ en el Caribe, a manos de las fuerzas militares estadounidenses.
