En medio de la creciente crisis que atraviesa el sistema de salud en Colombia, los reclamos de los usuarios contra algunas EPS intervenidas por el Gobierno nacional siguen acumulándose sin respuestas efectivas, incluso cuando median órdenes judiciales.
Uno de los casos más recientes es el de doña Blanca Uribe, de 92 años, quien permanece hospitalizada desde hace más de mes y medio en el Hospital Manuel Uribe Ángel, en Envigado, a la espera de un procedimiento para el reemplazo de su marcapasos.
Asimismo, ante la demora en la autorización y realización de la intervención, su hija, Mónica Isabel Restrepo, presentó una acción de tutela el pasado 23 de enero con el fin de garantizar el procedimiento. Sin embargo, según denunció, no obtuvo una respuesta oportuna por parte de Nueva EPS. Desde el centro asistencial indicaron que no contaban con el dispositivo necesario para llevar a cabo la cirugía.
Por otro lado, la falta de solución llevó a que una semana después se promoviera un incidente de desacato. Pese a que la justicia citó de manera virtual a una declaración juramentada al agente interventor de la entidad, Luis Óscar Galves, y al gerente regional, Carlos Andrés Vasco, ninguno de los dos se presentó a la diligencia.
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El prolongado trámite judicial, sumado a la necesidad de que la paciente sea remitida a una institución que cuente con la especialidad en electrofisiología, derivó en un fallo reciente de un juzgado penal de Medellín. La decisión impuso arresto por dos días y una multa equivalente a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes tanto para Galves como para Vasco.
Además, este caso se produce en un contexto complejo para los afiliados de Nueva EPS. Solo en lo que va de 2026, la entidad ha recibido 8.332 quejas y reclamos relacionados con la prestación del servicio.
La situación también impacta directamente al hospital público de Envigado, que enfrenta una deuda superior a los 140.000 millones de pesos. Esta carga financiera ha provocado desabastecimiento de medicamentos, cierre de camas en unidades de cuidados intensivos y retrasos en el pago al personal de salud.
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Finalmente, entre las principales entidades deudoras se encuentran Nueva EPS, con obligaciones cercanas a los 51 mil millones de pesos, y Savia Salud, que adeuda alrededor de 39 mil millones.
