La Procuraduría General de la Nación puso bajo la lupa un nuevo contrato para la producción y personalización de pasaportes en Colombia, firmado entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, por un valor superior a los $185.000 millones y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
El convenio, publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) el 29 de enero de 2026, ha despertado inquietudes en el Ministerio Público debido a la magnitud de los recursos comprometidos y a la ausencia de una fecha clara de inicio de ejecución.
La Procuraduría advirtió que este nuevo contrato interadministrativo hace parte de una serie de acuerdos suscritos entre las mismas entidades con un objeto contractual similar relacionado con la fabricación, personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes.
Se trata del cuarto instrumento jurídico con estas características, que se suma a otros convenios firmados en 2025 y a un acuerdo internacional orientado a la cooperación técnica y transferencia de conocimiento para la producción de pasaportes.
Según el ente de control, la suma de los contratos relacionados con este esquema de contratación supera el billón de pesos, lo que ha intensificado la vigilancia sobre el manejo de los recursos públicos vinculados al servicio de pasaportes.
La Procuraduría también recordó que desde hace más de tres meses cursa una demanda para anular un convenio internacional suscrito con la Casa de la Moneda de Portugal, debido a presuntas irregularidades en su celebración.
Ante este panorama, el Ministerio Público anunció que evaluará el nuevo contrato dentro de las acciones preventivas adelantadas en el proceso de suministro de pasaportes, así como en el marco de las investigaciones disciplinarias que se encuentran en desarrollo.
