El ocaso de Laura Sarabia Torres, la otrora mano derecha del presidente Gustavo Petro y, en su momento, la mujer con más poder del primer Gobierno progresista en la historia de Colombia, ha estado marcado por señalamientos, de nuevo, de irregularidades en procesos de contratación.
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Fue el mismo Petro, quien anteriormente contaba con Sarabia a tan solo unos pasos de su oficina, en el tercer piso de la Casa de Nariño, quien en los últimos días le soltó la mano a la embajadora de Colombia en Reino Unido. La relación, que se había visto deteriorada en los últimos meses, tocó fondo luego de que el mandatario la sacara de la Cancillería por discrepancias en el contrato de pasaportes que ha estado en manos de Thomas Greg& Sons.
Acusaciones
El nuevo conflicto se originó tras unas declaraciones de Petro las que acusó a Sarabia de un comportamiento irregular en el manejo de las hojas de vida de los interventores que presuntamente participaron en el desvío de recursos de la salud. El regaño fue directamente contra Luis Carlos Leal, en ese momento superintendente de Salud.
“Por política no se mete ni un solo interventor. Escoja usted los mejores. Y usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura, y se tiró como un año la intervención y la reforma de la salud. Y esos interventores fueron fue hacer business (negocios)”, reclamó Petro.
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El escándalo fue aprovechado por integrantes del oficialismo que, en su momento, fueron enemigos del poder que ostentaba Sarabia, que en el inicio del Gobierno era una mujer casi que desconocida en la política colombiana.
“Hace un año, en contracorriente, como siempre he andado en la política, pedí que Laura Sarabia se apartara del gobierno por las sombras que se cernían sobre su cabeza por múltiples denuncias y recibí mucho palo. Fuego amigo, la ropa sucia se lava en casa, está destruyendo el proyecto, me decían. Impera en la política la cultura de tapar a los de su propia orilla pero atacar y denunciar a los de la otra. No señores, mi filosofía es que se denuncia todo lo mal hecho, hasta a la propia familia si toca. Por eso me veían como un peligro y me hicieron el cajón”, manifestó Gustavo Bolívar, exdirector de Prosperidad Social.
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En medio de ese vendaval, se radicó una queja en la Procuraduría General para que se investigue disciplinariamente a la diplomática.
“El presidente hacía referencia a un entramado que mostró cómo fueron designados los interventores encargados de administrar varias EPS bajo control de la Superintendencia de Salud, quienes supuestamente habrían priorizado el pago de servicios a un grupo específico de vínculos políticos”, indica la petición de investigación disciplinaria solicitada por la Red de Veeduría Ciudadana.
Leal se defiende
El exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, aseguró que durante su paso por la entidad recibió “órdenes a través de la mano derecha de Laura Sarabia, Jaime Ramírez, diciendo que eran órdenes del presidente y que ya tenían el visto bueno”.
Por otro lado, Leal defendió su administración y señaló que las designaciones se hicieron conforme a la ley. “La ley no dice que uno tenga que nombrar amigos o personas conocidas. Dice que deben cumplir unos requisitos técnicos. Eso fue lo que hicimos”, sostuvo en diálogo con Blu Radio.
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El exsuperintendente explicó que los candidatos pasaron por los filtros institucionales, como el sistema SARLAFT y los reportes de la UIAF.
“Cumplieron todos los requisitos, se hicieron los estudios necesarios y se agotaron las instancias para garantizar que no hubiera antecedentes penales ni disciplinarios”, dijo.
Pese a ello, tres interventores —en Asmet Salud, Emsanar y SOS— terminaron denunciados ante la Fiscalía por supuestas irregularidades.
“La Superintendencia vigiló esos comportamientos, evidenció que estaban mal y los denunció oportunamente”, aseguró.
Por otro lado, Leal apuntó a un asesor externo, Mario Urán, como una pieza central en las anomalías.
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Según relató, “presuntamente coordinaba a los interventores, les decía dónde debían poner los recursos, y eso va en contravía de sus funciones”.
No obstante, aclaró que no puede determinar si Urán actuaba con conocimiento o en nombre de Sarabia. “No tengo ni idea, eso tiene que determinarlo la Fiscalía General de la Nación. Nosotros denunciamos los nombres y entregamos las pruebas”, indicó.
Sarabia se defiende de los señalamientos
Laura Sarabia solicitó a la Fiscalía General de la Nación la preservación y análisis de registros de videovigilancia en zonas cercanas al despacho presidencial, con el propósito de establecer cómo se adelantaron las gestiones relacionadas con las hojas de vida de los funcionarios cuestionados.
En el escrito se pide que se oficie al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) para asegurar las grabaciones correspondientes al 30 de octubre de 2024, fecha en la que, según la defensa, ingresaron varios altos funcionarios a la Casa de Nariño para rendir explicaciones sobre el origen de los perfiles propuestos para las intervenciones en el sistema de salud.
