Luego de la recusación de la Presidencia en contra del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió, por unanimidad, apartarlo del debate de la emergencia económica.
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La recusación de la Presidencia tuvo que ver con declaraciones del magistrado ante un medio de comunicación en relación al decreto. Para el Gobierno, había conceptuado el tema.
“Las declaraciones públicas del magistrado Ibáñez que comprometen su imparcialidad se relacionan, no solo con la decisión de constitucionalidad que debe adoptar la Corte, sino de manera directa con la resolución de las solicitudes de suspensión provisional”, se lee en la recusación, colgada al expediente de la emergencia económica.
El magistrado también radicó el impedimento, defendiéndose de los señalamientos, dejando en manos de la Sala Plena la decisión.
Ibáñez señaló que solo había hablado del tema para tratar de dar claridad al país sobre el control constitucional. Finalmente la Sala Plena le dio la razón a la Presidencia.
Ahora, la Corte decidirá sobre la ponencia del magistrado Carlos Camargo, que pide suspender temporalmente el decreto mientras se decide a fondo.
Por otro lado, a través de un documento de 45 páginas radicado ante la Corte Constitucional, el Consejo Gremial pidió a este tribunal que se hunda en su totalidad el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional.
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“El decreto no identifica afectaciones específicas sobre el acceso efectivo del país a los mercados de capitales, el perfil de vencimientos de la deuda pública, el costo promedio de financiamiento soberano, la estabilidad cambiaria o la ejecución presupuestal, ni acredita un deterioro abrupto o excepcional de estos indicadores que pueda razonablemente imputarse a los factores externos mencionados”, indicó el Consejo Gremial.
