La Contraloría General de la República reiteró la advertencia emitida en 2023 a la Superintendencia Nacional de Salud por el deterioro del flujo de recursos hacia los hospitales públicos y amplió el llamado al Ministerio de Salud y Protección Social, al considerar que la crisis financiera del sistema se ha profundizado de manera significativa y compromete la sostenibilidad del sector salud en Colombia.
Según el órgano de control, aunque el giro directo de la ADRES aumentó un 27,2 % entre 2024 y 2025, este incremento no se ha reflejado en una mejora de la liquidez de la red pública hospitalaria. Por el contrario, la deuda pasó de $12,5 billones en 2024 a $16,28 billones entre enero y septiembre de 2025, lo que representa un aumento cercano al 30 % en solo nueve meses .
El análisis advierte que los pagos parciales, tardíos o inexistentes por parte de las EPS —incluidas las intervenidas— continúan afectando el flujo efectivo de recursos, situación que incide en la continuidad y calidad de los servicios de salud.
La Contraloría también identificó una marcada desigualdad en la distribución de los recursos del sistema. En 2025, los prestadores privados recibieron el 67,7 % del giro directo, mientras que los hospitales públicos accedieron apenas al 23,2 %, lo que evidencia un desbalance estructural en el mecanismo de financiación .
En términos generales, el flujo de recursos en la red prestadora muestra una proporción aproximada de 80 % para el sector privado y 20 % para el público, escenario que profundiza la asfixia financiera de las Empresas Sociales del Estado.
El deterioro del flujo de recursos afecta a toda la red hospitalaria pública. Durante 2024, los hospitales facturaron $18,8 billones, pero solo recibieron pagos por el 84 %. Entre enero y septiembre de 2025, la situación empeoró: se pagó apenas el 77 % de lo facturado, una caída de siete puntos porcentuales en la oportunidad de pago .
La reducción se presenta en todos los niveles de complejidad, con especial impacto en los hospitales de nivel II y III, que atienden servicios de mediana y alta complejidad, lo que compromete su sostenibilidad operativa.
Llamado urgente al Ministerio de Salud y a la Supersalud
Ante este panorama, la Contraloría vinculó directamente al Ministerio de Salud y Protección Social como rector del sistema, al considerar que la problemática compromete los mecanismos de financiación y supervisión del flujo de recursos. Asimismo, reiteró el llamado a la Superintendencia Nacional de Salud para que adopte medidas más eficaces frente a las EPS con mayores niveles de deuda .
El ente de control advirtió que las demoras en los giros incrementan el riesgo de desfinanciamiento institucional y podrían derivar en un eventual daño patrimonial al Estado, afectando el derecho fundamental a la salud de millones de colombianos.
