La Contraloría General de la República, por medio de un comunicado difundido este martes 13 de enero, alertó que existen recursos públicos sin ejecutar y que están inmovilizados en fiducias con corte a diciembre de 2024. Para la entidad, esto genera un doble costo para el Estado por pérdida de eficiencia económica, que se traduce en un mayor costo fiscal y pérdida de eficacia social.
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“El estudio reveló que una parte considerable de los recursos públicos administrados mediante contratos fiduciarios permanece inmovilizada, a pesar de que estos mecanismos fueron creados para promover la eficiencia y la transparencia. A diciembre de 2024, del universo de $13,48 billones en 787 negocios fiduciarios, $4,84 billones (156 negocios) estarían sin ejecutar, lo que equivale al 35,61% del total. Esta situación representa no solo una ineficiencia fiscal, sino también la pérdida de oportunidades para invertir oportunamente en proyectos estratégicos”, se lee en el comunicado de la Contraloría.
En lo que refiere a la pérdida social, la entidad señala que se refleja en el retraso en la entrega de bienes y servicios (costo de la no oportunidad social) y en el riesgo de que la ejecución de los contratos derivados, representen una de las mayores demoras a futuro del proceso, afectando el cumplimiento efectivo de las metas propuestas para el cumplimiento de sus objetivos.
Se detalla en el escrito que, en cuanto a las entidades públicas, de una muestra de negocios fiduciarios por valor de $390.265 millones, se encontró que el Ministerio de Vivienda con $165.255 millones inmovilizados (42,34%) es la entidad que lidera esta situación, seguido por el Ministerio de Comercio con $109.320 millones (28,01%) y el Ministerio de Salud con $67.792 millones (17,37%).
También se evidenció que las fiduciarias con mayor administración de recursos inmovilizados son Scotiabank Colpatria ($168.081 millones), Fiduciaria La Previsora ($74.440 millones) y Fiduciaria Popular ($46.979 millones), evidenciando una alta concentración en pocas entidades.
“La Contraloría identificó como las principales causas de inmovilización de recursos en negocios fiduciarios en Colombia se relacionan con falta de ejecución oportuna, deficiencias contractuales y procesos administrativos ineficientes. Estos problemas generan retrasos, rigidez operativa y pérdida de eficiencia en la gestión pública, aunque siempre ha habido recursos disponibles para ese proceso fiduciario”, apuntó la entidad.
En relación a la inmovilización de recursos fiduciarios durante 2024 —derivada de factores administrativos y contractuales— , la Contraloría señala que incide directamente en el cumplimiento de metas y en la ejecución de los proyectos de inversión pública. Los proyectos fiduciarios de mayor envergadura con niveles significativos de inmovilización corresponden a sectores estratégicos del desarrollo nacional, como infraestructura inmobiliaria, la energía, el transporte de hidrocarburos y los servicios sociales, caracterizados por altos niveles de inversión inicial, ejecución a largo plazo y alineación con prioridades de política pública.
