El candidato Abelardo De la Espriella solicitó formalmente a la Procuraduría General de la Nación la apertura de una investigación disciplinaria contra los ministros del Gobierno nacional que no asistieron al debate de control político convocado por el Congreso de la República el pasado 29 de diciembre de 2025, tras la declaratoria del estado de emergencia económica y social.
La denuncia fue radicada por Germán Calderón España, en calidad de ciudadano y miembro del movimiento Defensores de la Patria.
Según el documento, luego de que el Gobierno declarara el estado de emergencia mediante el Decreto 1390 de 2025, el Congreso citó a todos los ministros que firmaron la medida para que rindieran cuentas ante el Legislativo, en cumplimiento del principio de responsabilidad política. Sin embargo, a la sesión únicamente asistió el ministro de Defensa Nacional, mientras que el resto del gabinete se ausentó sin presentar excusas previas que fueran aceptadas por la respectiva Cámara.
Defensores de la Patria sostiene que esta conducta contraviene de manera directa lo dispuesto en la Ley 5ª de 1992, que regula el funcionamiento del Congreso.
En particular, señala que el artículo 249 establece que las citaciones a ministros deben hacerse con una antelación no mayor a diez días calendario, requisito que —según el movimiento— fue cumplido en este caso.
Asimismo, el movimiento cuestiona la explicación posterior entregada por el ministro del Interior, quien argumentó que no se habrían cumplido los términos legales de la citación.
Para los denunciantes, esta justificación no se ajusta a la normativa vigente y no exime a los ministros de su obligación de asistir.
La denuncia advierte que la inasistencia podría constituir “una falta disciplinaria, al desconocer deberes previstos en el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019), entre ellos el cumplimiento de la Constitución y la ley”.
Para Defensores de la Patria, la ausencia masiva del gabinete en un debate de control político relacionado con un estado de emergencia reviste una “altísima gravedad institucional”, pues afecta el equilibrio de poderes, desconoce el rol del Congreso y debilita los mecanismos democráticos de control sobre decisiones excepcionales que impactan derechos fundamentales y el rumbo económico y social del país.
Por estas razones, el movimiento pidió a la Procuraduría abrir una investigación disciplinaria formal contra los ministros que no asistieron y adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto por la legalidad, la institucionalidad y la democracia.
Finalmente, Defensores de la Patria reiteró que ningún funcionario está por encima de la Constitución y que el control político no es una facultad discrecional del Gobierno, sino un deber ineludible en un Estado social y democrático de derecho.
