De escándalo en escándalo. De sombra en sombra. De sospechas de irregularidades a prisión. El 2025 del Gobierno de Gustavo Petro no ha estado ajeno a los hechos de corrupción que históricamente han estado enquistados en el centro del poder del país, una vieja enfermedad de ceguera por el poder y el dinero que –en su momento– el mandatario prometió acabar en caso de que el progresismo llegara a la Casa de Nariño.
En esta edición EL HERALDO presenta un catálogo de las principales sombras de la gestión del Gobierno nacional en los últimos 12 meses. Exministros enviados a la cárcel, nuevos procesos contra el hijo del presidente, nexos entre el Estado y los grupos ilegales e investigaciones a la campaña presidencial, los casos más graves.
Bonilla y Velasco
El mayor escándalo de corrupción del gobierno de Gustavo Petro dio el 18 de diciembre un giro histórico. Los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior, fueron enviados a detención preventiva por orden de una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, señalados de tener un rol protagónico en la trama de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Con esta decisión judicial, Bonilla y Velasco se convierten en los exfuncionarios de más alto nivel del actual Gobierno que pisan una cárcel por este caso. La Fiscalía los acusa de haber liderado una presunta organización criminal que, entre 2023 y 2024, habría desviado más de 612.000 millones de pesos para pagar sobornos a congresistas a cambio de respaldo legislativo a las iniciativas del Ejecutivo.
La medida de aseguramiento fue adoptada mientras avanza el proceso penal por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, cargos que les fueron imputados a comienzos de este mes y que ambos exministros negaron de forma categórica.
En su providencia, la magistrada Aura Alexandra Rosero fue enfática en señalar que el hecho de que los exfuncionarios ya no ocupen cargos públicos no elimina los riesgos para el proceso judicial. Según explicó, las conductas investigadas no dependían exclusivamente del ejercicio de sus funciones, sino de redes políticas y administrativas ya estructuradas, capaces de operar a través de intermediarios.
El Tribunal consideró que la reclusión es una medida “idónea, necesaria y proporcional”, y advirtió que el riesgo no está en una eventual fuga, sino en la posibilidad de que los procesados rearticulen o continúen prácticas criminales previamente desplegadas.
El caso de la Ungrd —entidad encargada de prevenir y atender emergencias en el país— estalló en febrero del año pasado tras revelaciones periodísticas y pronto fue catalogado como el mayor escándalo de corrupción del gobierno Petro. Desde entonces, la investigación ha escalado hasta salpicar a altos funcionarios y a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara), detenidos el pasado 7 de mayo.
“Es una persecución a la ciencia, diciendo mentiras y cogiéndolos presos en Navidad. Un saludo a Ricardo Bonilla y a Luis Fernando Velasco, porque sabemos la inmensa arbitrariedad que han cometido con ellos. No se robaron un peso”, defendió Petro a sus exfuncionarios durante un evento público.
González, fugado
Carlos Ramón González, ex director del Dapre, sigue prófugo de la justicia colombiana, que lo busca por el caso de la Ungrd.
Al igual que Petro, fue guerrillero del M-19. Dirigió el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del actual Gobierno.
La justicia le imputó delitos como cohecho, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, por supuestamente impartir instrucciones para el pago de coimas con recursos de la Ungrd a congresistas a cambio de apoyo legislativo.
Un tribunal ordenó su captura a mediados de 2025, pero desde entonces se encuentra prófugo de la justicia y tiene circular roja de la Interpol. Vive asilado en Nicaragua, donde imágenes recientes lo mostraron en una fiesta, lo que ha causado polémica y solicitudes de investigación por su presencia en actos oficiales en el extranjero.
Campaña irregular
En noviembre de este año, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó a la campaña Petro Presidente por violación de topes electorales.
De acuerdo con la ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Prada, que logró mayorías con el voto de un conjuez, se probaron irregularidades en primera y segunda vuelta en la campaña 2022-2026.
Según el CNE, la campaña presidencial de Petro no informó en sus cuentas a ese organismo de aportes para la primera vuelta electoral, disputada el 29 de mayo de 2022, que suman 3.709.361.342 pesos (unos 878.000 dólares).
Esos aportes los hicieron la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), el partido Polo Democrático Alternativo y la Unión Sindical Obrera (USO).
Con relación a la segunda vuelta electoral, celebrada el 19 de junio de 2022, la campaña de Petro, según el CNE, presuntamente violó también “el límite de gastos por la suma de 1.646.386.773 pesos”.
En este sentido, el órgano electoral interpuso una sanción a Ricardo Roa, exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y presidente de Ecopetrol, que está envuelto en varios líos jurídicos. Roa deberá responder, junto con la tesorera Lucy Aidee Mogollón y la auditora María Lucy Soto, por una multa de unos 6.000 millones de pesos.
Por otro lado, este año la Procuraduría abrió una investigación a Roa por presunto conflicto de intereses al comprar un millonario apartamento en Bogotá a un empresario del sector petrolero.
“El funcionario pudo estar incurso en un conflicto de intereses, dadas las gestiones adelantadas y la toma de decisiones que adoptaría la empresa de petróleos en el giro ordinario de sus negocios, que involucrarían los intereses de firmas, empresas o sociedades que han tenido vínculos directos o indirectos con el señor Serafino Lacono”, señaló el Ministerio Público.
Caso Nicolás Petro
Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, enfrentó en 2025 un nuevo proceso judicial por supuesta corrupción en el caso Fucoso.
En su momento, la Fiscalía aseguró que el exdiputado del Atlántico es responsable de la celebración indebida de contratos, peculado por apropiación, peculado por apropiación como interviniente, tráfico de influencia, falsedad en documento privado en calidad de coautor, y falsedad ideológica en documento público.
Por su parte, el juez 14 de control de garantías de Barranquilla negó la medida de aseguramiento que había solicitado el ente acusador.
En su decisión, el juez le tumbó dos de los delitos que le imputó la Fiscalía: tráfico de influencias y falsedad ideológica en documento público. En ese sentido, el proceso seguirá por celebración indebida de contratos, peculado por apropiación, peculado por apropiación como interviniente y falsedad en documento privado en calidad de coautor.
El caso contra Nicolás Petro ha evolucionado desde sus orígenes hace varios años, cuando fue capturado en 2023 junto a su entonces pareja por presuntas conductas de lavado de activos y enriquecimiento ilícito relacionadas con la campaña presidencial de su padre.
El caso de Juliana
La controversia por la validez de su título profesional terminó por cerrar cualquier puerta al Gobierno a Juliana Guerrero. Tras todo un escándalo en su contra, la exasesora de Armando Benedetti anunció que renuncia de manera definitiva a su aspiración de convertirse en viceministra de la Juventud y descartó, por ahora, ocupar cualquier cargo público, mientras enfrenta el vendaval político y jurídico desatado por la anulación de su diploma universitario.
La decisión se conoció luego de que la Fundación Universitaria San José confirmara que dejó sin efecto el título profesional que le había otorgado, tras concluir que Guerrero no cumplió con los requisitos académicos exigidos para graduarse.
Infiltración de las disidencias
Una investigación de Noticias Caracol reveló que las disidencias de alias Calarcá habrían infiltrado la principales instituciones de seguridad del Estado, como la Fiscalía, el Ejército, la Policía y las agencias de inteligencia.
En este caso, el grupo guerrillero se habría beneficiado de presuntos vínculos del general Juan Miguel Huertas y del funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Wilmar Mejía.
Huertas supuestamente ofreció protección a los disidentes y les propuso crear una empresa de seguridad de fachada para facilitarles movilidad en carros blindados y el porte de armas legales.
Danza de las mansiones
Armando Benedetti, que tiene varios expedientes en la Corte Suprema por diferentes delitos, enfrentó un nuevo frente de cuestionamientos por presuntas irregularidades en la compra y uso de lujosos bienes inmobiliarios ubicados en Barranquilla y municipios de su área metropolitana.
Las denuncias apuntan a la procedencia de los recursos empleados para la adquisición de estos inmuebles, cuyo alto valor ha despertado sospechas sobre un posible origen ilícito de los fondos utilizados en las transacciones.
Según Camilo Enciso, ex secretario de Transparencia durante el gobierno de Juan Manuel Santos, las alertas se centran en el rastro del dinero con el que Benedetti habría financiado estas propiedades. De acuerdo con su versión existirían indicios de que los recursos no tendrían un respaldo legal claro, lo que abre interrogantes sobre la transparencia patrimonial del funcionario.
