La firma de dos protocolos y tres zonas de ubicación temporal para el Ejército Gaitanista de Colombia, o Clan del Golfo, la organización criminal más grande y peligrosa del país, ha despertado nuevas incertidumbres sobre las decisiones del Gobierno nacional en el marco de la ya desacreditada Paz Total.
El ejecutivo, que mantiene diálogos con el Clan del Golfo en Doha, Catar, anunció el 5 de diciembre la ubicación gradual y progresiva de aproximadamente 9.000 combatientes, que sería a partir del 1 de marzo de 2026. Belén de Bajirá y Unguía, Chocó, y Tierralta, Córdoba, son los territorios escogidos para el piloto.
Además, el jefe negociador del Gobierno, Álvaro Jiménez, y el representante del Clan del Golfo, Luis Armando Pérez, acordaron una etapa inicial de “construcción de confianza” y un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios donde opera este grupo: Mutatá, en Antioquia, y en Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía, en el Chocó, fronterizo con Panamá.
La resolución contempla la suspensión temporal de las órdenes de captura y de extradición contra los miembros del Clan del Golfo que sean incluidos en los listados oficiales aprobados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, mientras permanezcan dentro de las Zonas de Ubicación Temporal.
No obstante, el Ejecutivo aclaró que esta medida no implica impunidad, sino que busca generar condiciones de seguridad jurídica y humana que permitan avanzar en el sometimiento a la justicia, la reparación de las víctimas y el respeto al Estado de derecho.
Aunque sobre el papel, la iniciativa oficialista para desescalar el conflicto en Colombia es un paso noble y que debe ser respaldado, son varias las voces escépticas sobre el proceso con Clan del Golfo. En la actualidad, los acercamientos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las distintas disidencias de las Farc no han llegado a buen puerto.
De acuerdo con el experto en conflicto Luis Fernando Trejos, investigador de la Universidad del Norte, el proceso del Gobierno con el Clan del Golfo es el “más importante de todos los que se desarrollan dentro de la Paz Total”; sin embargo, hay muchas dudas por la carencia de un marco jurídico que lo sostenga.
“En este momento particular, la negociación que adelanta el gobierno con el EGC es la más importante de todas las que se desarrollan dentro de la Paz Total, en la medida en que el EGC es el grupo armado ilegal con mayor número de hombres en armas y mayor presencia territorial en el país. En este sentido, su carácter no revolucionario también haría que la búsqueda de acuerdos sea menos compleja que en las mesas de la izquierda o de los grupos que se reconocen como de izquierda, porque para el EGC el cambio del modelo económico del sistema político no es una pretensión”, explicó el académico.
Trejos explicó que los objetivos del EGC en una negociación “serían más jurídicos que políticos”, ya que su intención es garantizar la no extradición de sus integrantes.
“Lo segundo es acceder a procesos de justicia transicional. Y lo tercero es quizá mantener algún tipo de porcentaje de la riqueza que construyeron durante su trasegar criminal. Y eso iría acompañado de la gestión ante el Gobierno nacional de planes, programas y proyectos de desarrollo que impacten los territorios en los cuales ellos hacen presencia. Ese proceso tiene una falla de fondo y es que el Gobierno no le ha reconocido carácter político a este grupo y eso lo lleva a un escenario de incertidumbre, porque tampoco el Gobierno logró gestionar en el Congreso un marco jurídico para el sometimiento o sujeción a la justicia de estos grupos”, agregó.
Por otro lado, el experto consideró que la escogencia de Tierralta o de la zona rural de Tierralta para el establecimiento de una ZUT en la práctica lo que hace es “reconocer una gobernanza armada que ha establecido el EGC, sobre todo el Parque Paramillo, y validar o consolidar una presencia ininterrumpida en ese territorio de varios años”.
“Por otro lado, debe tenerse en cuenta que Tierralta en el pasado reciente ha sido escenario de otros proyectos de paz. Hay que recordar que más recientemente se desmovilizó en la vereda Gallo de ese municipio el Frente 58 de las Farc. También en el pasado se dio todo el proceso de Ralito, que fue el proceso de negociación de las antiguas AUC. Estas desmovilizaciones en el territorio no se tradujeron en el fin de los ciclos de violencia territorial, sino más bien en procesos de configuración de la violencia. En este caso se esperaría que el Gobierno nacional y las autoridades departamentales y locales aprendan de las experiencias previas con el fin de que esta, ojalá,sea la última negociación de paz que se desarrolle en ese territorio”, advirtió.
Grupo terrorista
El Gobierno de Estados de Unidos designó al Clan del Golfo, considerada la mayor banda criminal de Colombia, como una organización terrorista extranjera, informó el secretario de Estado, Marco Rubio.
Con respecto a lo anterior, la Fundación Ideas para la Paz, FIP, consideró que “la decisión autónoma de EE.UU.genera incertidumbre,desconfianza y afectará las conversaciones en Catar”.
“Es necesario reconsiderar la viabilidad de continuar el diálogo en el exterior, especialmente en Doha, por los riesgos legales y de seguridad para los negociadores del EGC. Esto podría implicar trasladarlo a Colombia, donde el escenario también es complejo. Esta decisión confirma que los delitos transnacionales del EGC deben ser evaluados y considerados como un tema central para avanzar en esta y futuras negociaciones con grupos de crimen organizado. Esta decisión retrasará el ritmo de la mesa y hace poco probable que concluya durante este gobierno, y aún menos que las ZUT entren en funcionamiento”, señaló el observatorio.
De acuerdo con la FIP, en este proceso, el Clan del Golfo puede que tenga disposición a responder ante la justicia, “aunque nonecesariamente con cárcel”.
