El Tribunal Superior de Bogotá legalizó este viernes las capturas de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, ordenadas por su presunta participación en el saqueo de la UNGRD, en una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación que se adelanta desde hace más de dos años.
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La decisión fue adoptada tras una audiencia de control de garantías realizada más de 15 horas después de las detenciones, cumpliendo los requisitos legales.
La magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero ordenó inicialmente las capturas e impuso medida de aseguramiento intramural al considerar que era urgente, necesaria e idónea, dada la gravedad de los elementos probatorios presentados por la Fiscalía.
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Bonilla permanece recluido en el búnker de la Fiscalía, mientras que Velasco fue trasladado a la cárcel de Vistahermosa, en Cali.
En la tarde de este viernes, la magistrada Leonor Oviedo, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, ordenó además la expedición de la boleta de encarcelación, dirigida a la cárcel La Picota de Bogotá o al establecimiento que designe el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Estas son las razones por las que la Fiscalía investiga a los exministros
La Fiscalía sostiene que los exministros del Gobierno de Gustavo Petro habrían participado en un “pacto criminal” para direccionar recursos y proyectos a cambio de apoyos políticos en el Congreso. Según el ente acusador, el acuerdo ilícito se habría configurado entre mayo de 2023 y febrero de 2024, y afectó tanto a la UNGRD como al Instituto Nacional de Vías (Invías).
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La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, explicó el alcance de la presunta concertación: “Desde por lo menos mayo de 2023 hasta mediados de febrero de 2024, ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez, entonces ministro del Interior, y Ricardo Bonilla González, para la data ministro de Hacienda y Crédito Público, se concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas para cometer delitos contra la administración pública, con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias que les permitieran la aprobación de proyectos de ley del Gobierno nacional y la tramitación exitosa de créditos de la Nación”.
En desarrollo de ese pacto, la Fiscalía indicó que se habrían ofrecido proyectos, contratos o convenios a senadores y representantes, a cambio de su voto favorable en comisiones del Congreso. De acuerdo con la acusación, los direccionamientos se habrían realizado desde el Invías y la UNGRD.
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“En desarrollo del pacto criminal, ofrecieron y acordaron ilícitamente con algunos senadores y representantes del Congreso de la República direccionar proyectos, contratos o convenios que se adelantaban en el Instituto Nacional de Vías (Invías) o en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a cambio de su concurrencia y votación en las sesiones de las comisiones del Congreso de la República a las que pertenecían”.
La macroinvestigación también vincula al entonces director y subdirector de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, respectivamente, quienes —según la Fiscalía— habrían direccionado proyectos de obra de emergencia en favor de los parlamentarios involucrados, conforme a lo pactado ilícitamente.
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La fiscal señaló que la empresa criminal tuvo vocación de permanencia y durabilidad, extendiéndose durante el tiempo en que Bonilla y Velasco se desempeñaron como ministros.
La Fiscalía advirtió que el supuesto intercambio político se habría materializado mediante 74 proyectos: 69 del Invías por 571.701.473.657 pesos y cinco de la UNGRD por 40.536.363.430 pesos, para un total de 612.237.837.087 pesos, de los cuales siete se habrían concretado.
