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Este jueves 11 de diciembre se conoció un borrador que publicó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el que endurece las exigencias a quienes ofrecen hospedajes a través de aplicaciones y páginas web.

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Esta propuesta además señala que estas reglas no solamente estarán enfocadas a los anfitriones, sino también a las plataformas donde se publican, promocionan, pagan y reservan estos alojamientos, por ejemplo como Airbnb.

Según el documento, las nuevas reglas empezarían a regir el 18 de diciembre. Asimismo, el borrador establece que las empresas tecnológicas que intermedian servicios turísticos deberán cumplir varios putos para poder operar, lo que pone de nervios a los propietarios que lo tienen como emprendimiento.

Según el documento, las nuevas reglas empezarían a regir el 18 de diciembre. Asimismo, el borrador establece que las empresas tecnológicas que intermedian servicios turísticos deberán cumplir varios putos para poder operar, lo que pone de nervios a los propietarios que lo tienen como emprendimiento.

Por ejemplo, Airbnb deberá eliminar anuncios de inmuebles cuyos propietarios o empresas no tengan Registro Nacional de Turismo (RNT), conectarse directamente a los sistemas del Ministerio de Comercio, revisar cada seis meses el estado de los registros publicados, verificar que los inmuebles cumplan con el uso del suelo permitido para alojamiento temporal.

Asimismo, comprobar condiciones definidas en los reglamentos de propiedad horizontal y un cambio profundo en el funcionamiento del RNT, que hasta ahora operaba bajo un sistema declarativo y pasaría a uno de preverificación.

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Por su parte, la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) aseguró que estas nuevas exigencias equivaldrían a crear una “licencia de facto” para poder ofrecer servicios de hospedaje.

Además, sostienen que las condiciones propuestas no están contempladas en la Ley 2068 de 2020 y que prácticamente se asignan a las plataformas responsabilidades que le corresponden al Estado.

Además, sostienen que las condiciones propuestas no están contempladas en la Ley 2068 de 2020 y que prácticamente se asignan a las plataformas responsabilidades que le corresponden al Estado.

Para la CCIT, el nivel de documentación y verificaciones solicitadas sería de “imposible cumplimiento”, lo que afectaría especialmente a propietarios de viviendas turísticas no hoteleras, emprendedores que dependen del alquiler temporal como fuente de ingresos y dificultar la operación de compañías como Airbnb en Colombia.

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El presidente de la CCIT, Alberto Samuel Yohai, detalló que este sector genera más de 215.000 empleos. Ha aportado más de 550 millones de dólares al PIB turístico.

Agregó que es muy preocupante para este sector. Igualmente, ese borrador continúa en discusión.