La Contraloría General de la República informó sobre un hallazgo fiscal en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), al detectar un sobrepago de $1.618 millones en los contratos de interventoría encargados de supervisar su ejecución.
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La auditoría, realizada sobre la gestión de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), evidenció que los desembolsos autorizados a la firma DCO Ingeniería & Servicios S.A.S. — responsable de la interventoría del contrato 371-2022 suscrito con el Consorcio Fondo Colombia en Paz (FCP) — no se correspondían con los avances reales de los proyectos supervisados.
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Según el informe, algunos contratos auditados reportaban avances técnicos de tan solo 59,23 %, 93,67 % y 44,8 %, cifras inferiores al 100 % requerido para justificar el pago total. Aun así, se aprobaron pagos completos, lo que originó el presunto detrimento.
Asimismo, la Contraloría responsabiliza directamente a la ART por las fallas en la supervisión técnica y financiera del PNIS, señalando que no hubo un control adecuado sobre los avances reales antes de autorizar los desembolsos.
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De esta manera, el organismo de control concluyó que el presunto detrimento afecta recursos destinados a proyectos productivos y a la seguridad alimentaria de familias vinculadas al PNIS.



















