La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconstruyó un capítulo poco conocido del Caso 03, dedicado a los falsos positivos: entre 2002 y 2007, unidades del Ejército solicitaron apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) describiendo supuestos combates que nunca ocurrieron. Esa información falsa permitió presentar civiles asesinados como bajas legítimas en el Meta.
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La Sala de Reconocimiento concluyó que, en varias operaciones, las aeronaves de la FAC actuaron bajo la convicción de respaldar tropas en riesgo, sin saber que los combates eran inventados. De acuerdo con la JEP, no existe evidencia que indique que pilotos o comandantes tuvieran conocimiento del engaño.
El Ejército activaba a la FAC con información falsa
El expediente detalla que los sobrevuelos, disparos y bombardeos realizados por la FAC se basaban en solicitudes urgentes provenientes de unidades terrestres. Una vez desplegados los aviones, el Ejército registraba esos movimientos como parte de un enfrentamiento, lo que daba un “soporte operacional” a muertes que ya se habían producido por fuera de la ley.
La JEP describe este patrón como un uso instrumental del poder aéreo: las unidades terrestres se valían de la presencia de aeronaves para dar apariencia de legalidad a operaciones que, en realidad, eran ejecuciones extrajudiciales.
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Uno de los episodios relatados ante la Jurisdicción ocurrió en San Juan de Arama. Allí, el coronel Capulla, del Batallón de Infantería No. 21 Pantano de Vargas (BIVAR), ordenó trasladar un pelotón que hacía parte del plan de ejecuciones, pero informó a sus superiores que avanzaba hacia un combate activo.
“Lizarazo pidió apoyo aéreo cercano, decía que lo estaban bombardeando, que necesitaban apoyo. Desde el batallón enviaron la solicitud a la brigada y luego a la división. Durante ese día hubo varios sobrevuelos: primero los Tucano dispararon y se fueron; después, helicópteros abrieron fuego. Incluso una volqueta usada por el batallón fue destruida por error. Al otro día, el Ejército reportó muertos en combate y el vehículo destruido como resultado de una operación militar”, relató un testigo.
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Este episodio, según la JEP, sintetiza cómo se tejió el engaño: los oficiales en tierra solicitaban apoyo con información falsa; la FAC respondía convencida de que respaldaba tropas atacadas; y, al día siguiente, esos movimientos se incluían en informes como si se tratara de una operación legítima.
Las investigaciones señalan que unidades como el BIVAR y el Gaula Meta replicaron este modus operandi para robustecer sus reportes y justificar supuestos resultados en combate. El apoyo de la Fuerza Aérea, sin saberlo, terminaba otorgando credibilidad a operaciones fabricadas.
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Por ahora, la Jurisdicción no imputó a ningún integrante de la FAC, aunque dejó abierta la puerta a futuras responsabilidades si aparecen pruebas de conocimiento o colaboración consciente.
La conclusión central es que el Ejército utilizó el respaldo aéreo como fachada para legitimar asesinatos de civiles durante los años más críticos del conflicto en el Meta.
