Seis niños, niñas y adolescentes reclutados de manera forzada por las disidencias de alias Iván Mordisco murieron en una reciente operación militar en zona rural del Guaviare, según confirmó este sábado la Defensoría del Pueblo. En el mismo operativo fueron recuperados otros cuatro cuerpos que aún no han sido identificados.
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De acuerdo con lo que señaló el organismo, la muerte de menores en operaciones militares constituye una alerta grave y recordó que, incluso en medio del conflicto armado, la protección de la niñez es prioritaria y no puede ser desconocida.
La Defensoría reiteró que “el simple hecho de que los menores se encontraran dentro de un campamento armado y hubieran sido obligados a desempeñar funciones de combate no habilita su consideración como blancos legítimos de ataque. Aunque hayan perdido el estatus de civiles por coacción, el Derecho Internacional Humanitario les otorga una protección reforzada”.
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Esa protección —basada en los principios de humanidad, precaución, necesidad estrictamente limitada y en el interés superior del niño— impone obligaciones estrictas a las Fuerzas Militares. Entre ellas, evaluar con rigor los métodos y medios operativos para evitar daños desproporcionados o innecesarios.
La entidad recordó además que la fuerza utilizada “no puede superar lo indispensable para alcanzar el objetivo militar” y que “está prohibido causar más muertes o lesiones de las estrictamente necesarias”.
¿Pudo evitarse la muerte de los seis menores?
Tras el operativo, la Defensoría planteó la necesidad de examinar si existían alternativas tácticas que permitieran obtener la misma ventaja militar reduciendo el riesgo para los menores reclutados. La pregunta, según la entidad, es inevitable: ¿podía haberse actuado con un menor costo en vidas?
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El organismo insistió en que el Estado debe adoptar todas las precauciones posibles para proteger a niños y adolescentes reclutados forzosamente, incluso en escenarios de hostilidad. La guerra, recordó, tiene límites definidos por la humanidad.
