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En medio de la polémica por el allanamiento ordenado por la magistrada Cristina Lombana a la residencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, este miércoles se conoció que la Corte Suprema de Justicia reactivó uno de los procesos que adelanta su Sala de Instrucción contra el funcionario barranquillero.

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Se trata del sonado caso ‘carrusel de las pensiones’ en el departamento de Córdoba, por el que le fue abierta una investigación a Benedetti en 2023.

El alto tribunal comenzó hace dos años una investigación formal contra Armando Benedetti por el delito de concusión, presuntamente cometido cuando fungía como senador de la República.

La acusación tiene que ver con una supuesta exigencia de dineros en 2010 para que la Fiduprevisora desembolsara el pago de derechos pensionales a docentes de los municipios de Santa Cruz de Lorica y Planeta Rica, en Córdoba.

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En ese sentido, el barranquillero es señalado de haber pedido dinero a los abogados de los supuestos beneficiarios de las prestaciones sociales a cambio de que la Fiduprevisora hiciera el desembolso del dinero, que fue solicitado con documentación irregular.

Este caso se encuentra desde entonces en el despacho del magistrado Francisco Farfán Molina, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, quien esta semana decretó nuevas pruebas testimoniales.

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Entre los cuatro testigos que serán interrogados este jueves 13 de noviembre figura el abogado Leonardo Pinilla, procesado por el ‘Cartel de la Toga’.

Según la ‘W Radio’, ya el martes 11 de noviembre entregó su testimonio Álvaro Enrique Burgos del Toro, abogado y testigo clave del caso, condenado a 22 años de cárcel por el ‘carrusel de las pensiones’.

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También declarará la exjueza de Lorica (Córdoba) Catherine Carine Cogollo Reina, condenada en 2019 a siete años de prisión por apropiación indebida de pensiones.