Han pasado más de 110 días desde que la Corte Constitucional suspendió temporalmente la entrada en vigencia de la Reforma Pensional (Ley 2381 de 2024), debido a errores en su trámite en el Congreso. Desde entonces, el país, incluyendo al Gobierno, al sector privado y a millones de trabajadores, espera con expectativa el fallo definitivo del alto tribunal, que pondría fin a la incertidumbre sobre una de las reformas sociales más importantes de las últimas décadas.
Mientras tanto, el sistema pensional sigue rigiéndose por la Ley 100 de 1993. Bajo ese marco legal, las personas que cumplen con los requisitos de edad y semanas cotizadas siguen tomando decisiones sobre su retiro.
Según el medio El Tiempo, Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos, el gremio que agrupa a los fondos privados Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia, explicó que en estos meses han atendido unas 20.000 solicitudes de devolución de saldos, es decir, personas que no alcanzaron a cumplir los requisitos para pensionarse y decidieron retirar sus aportes.
Velasco también señaló que, pese a la suspensión, el movimiento en los fondos privados no se ha detenido. De hecho, se han procesado más de 200.000 solicitudes de doble asesoría, mecanismo que permite comparar el régimen público y el privado, y más de 115.000 traslados efectivos de régimen han sido realizados.
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“En los diferentes sistemas, antes y después de la reforma, pues están cambiando de forma constante porque la gente continúa cumpliendo semanas cotizadas. Por ejemplo, hay personas que no cumplían las semanas al 30 de mayo, pero hoy en día ya las tienen y algunas han entrado en el régimen de transición. Pero no es solo eso, sino que muchas personas llegaron a los 62 años (hombres) o 57 años (mujeres), por lo que pueden decidir si solicitan la devolución de saldo o indemnizaciones sustitutivas y salir del sistema, dado que les convenía más lo que hubiera pasado o lo que pasará con ellos en el Pilar Semicontributivo en el que los auxilios hubieran sido, en muchos, casos inferiores a la devolución de saldos”, expresó.
A diferencia de los fondos privados, entidades públicas como Colpensiones, el Ministerio de Hacienda, la Unidad de Regulación Financiera (URF) y hasta el Banco de la República han tenido que frenar toda preparación para la implementación de la nueva ley. Al estar suspendida, no pueden emitir decretos, hacer contrataciones ni inversiones relacionadas con la reforma.
De llegar a ser declarada constitucional, Asofondos y otras entidades han solicitado a la Corte un plazo de al menos dos meses para ajustar sus sistemas y reprocesar las poblaciones, dado que muchos afiliados han cambiado de condiciones desde el 1.° de julio, fecha prevista originalmente para la entrada en vigencia.
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Por su parte, el Banco de la República ha pedido tres meses de margen para implementar todos los ajustes técnicos, administrativos y de software necesarios. También está pendiente la designación del consejo directivo del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (Fapc), que manejará el ahorro pensional de millones de colombianos si la reforma sigue adelante.
“La situación del banco (de la República) es más compleja, porque no solo tiene que tomar decisiones de informática, de sistemas y de software, sino que está pendiente el nombramiento del consejo directivo del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (Fapc), a donde irán el ahorro pensional de millones de personas”, manifestó Mauricio Velasco a El Tiempo.
