Un ataque sicarial se presentó en la tarde del domingo 5 de octubre en Medellín. El hecho ocurrió en una calle cercana al centro comercial Santa Fe, en el exclusivo sector de El Poblado, comuna 14, donde fue asesinado un ciudadano extranjero identificado como Artur Tucci, de nacionalidad albanesa y con documentos ecuatorianos.
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De acuerdo con el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, el homicida, que se movilizaba en motocicleta, fue capturado poco después en el municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá. Las autoridades incautaron tanto el arma de fuego utilizada en el crimen como la motocicleta en la que huyó.
“Los móviles y detalles del caso están siendo verificados en este momento en el marco de la investigación adelantada por las autoridades”, expresó Villa Mejía.
Durante el atentado también resultó herida una mujer que acompañaba a Artur, cuya identidad aún no ha sido confirmada por las autoridades.
La muerte de Tucci ha levantado serias sospechas sobre una posible conexión con las redes criminales albanesas que operan en América Latina, particularmente en países como Ecuador y Colombia, donde tienen un papel creciente en el negocio del narcotráfico.
De acuerdo con investigaciones de la organización InSight Crime, estas redes, frecuentemente llamadas ‘mafia albanesa’, son estructuras descentralizadas que han enviado emisarios a la región para negociar directamente con productores de cocaína, como disidencias de las Farc o el ‘Clan del Golfo’, con el fin de asegurar precios bajos y mayor control sobre la cadena de distribución.
Su base de operaciones ha estado centrada en Guayaquil, Ecuador, desde donde trafican cocaína colombiana hacia Europa. La droga, adquirida por cerca de US$2.000 a US$4.000 por kilo, puede ser revendida en el viejo continente por hasta US$40.000, según cifras de expertos.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Dritan Gjika, alias Tonny, un ciudadano albanés que operó desde Ecuador durante más de una década. Gjika estableció una red de tráfico de cocaína altamente sofisticada, basada en empresas fachada, subcontratación, comunicación mediante chats cifrados y, crucialmente, la protección de contactos de alto nivel dentro de las élites económicas y de seguridad ecuatorianas, incluyendo presuntamente a la exjefa de la policía.
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La operación de estas redes en América Latina ha venido acompañada de una creciente ola de violencia. En ciudades como Guayaquil, donde estas organizaciones han ganado terreno, se han registrado asesinatos selectivos relacionados con disputas internas o conflictos por el control de rutas y cargamentos.
