En el mes de la historia de LGBTIQ+, la Defensoría del Pueblo enciende las alarmas frente al incremento de hechos violentos contra las personas pertenecientes a esta población diversa. De acuerdo con la entidad, encargada de proteger y promover los derechos de los ciudadanos, entre las víctimas recientes se encuentran: seis mujeres transgénero, dos hombres gay y un hombre transgénero, lo que evidencia la persistencia de estas agresiones motivadas por el prejuicio y la discriminación.
Estos nuevos casos se sumarían a la cifra de los 71 reportados por la Defensoría, junto con la Corporación Caribe Afirmativo y la Fiscalía General, los cuales han documentado en lo corrido de este año 2025.
El informe muestra una preocupante concentración de casos de violencia en departamentos como Antioquia (28), Valle del Cauca (14), Bolívar (5), Magdalena (4) y Atlántico (3). Algunos de ellos causaron consternación en el país, como es el caso de Sara Millerey, a quien le fracturaron los brazos y las piernas para luego ser arrojada a la corriente, en Bello, Antioquia.
La víctimas particulares en esta escalada de violencia serían las mujeres transgénero, lo cual genera preocupación sobre este grupo señalado de ser el más expuestos a la violencia y la exclusión social dentro de la población LGTBQ.
Hasta la fecha se ha reportado el fallecimiento de 25 mujeres trans en circunstancias que incluyen posibles feminicidios con altos niveles de sevicia y muertes asociadas a barreras en el acceso a derechos, además de presuntos casos de suicidio, según la entidad.
Queda mucha tela por cortar ante los mecanismos de prevención, atención y acceso a la justicia para personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas ( OSIGNH). Dado que los esfuerzos siguen siendo insuficientes, facilitando así la persistencia de violencias basadas en prejuicio en distintas regiones del país.
Es por ello, que el organismo público instó a fortalecer la Mesa Nacional de Casos Urgentes, bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior, como instancia clave para una respuesta articulada e inmediata.
El llamado también es hacia el Gobierno Nacional, invitándolo a cumplir con su compromiso de avanzar en políticas públicas efectivas, reforzar la capacidad institucional y promover la aprobación del proyecto de Ley Integral Trans, la cual busca superar barreras estructurales que afectan a esta población.
El trabajo es de todos y todas, y de la sociedad colombiana en general a rechazar toda forma de violencia y discriminación basada en prejuicio, garantizando de esta forma que las acciones públicas estén libres de sesgos y estigmatización.
“La violencia contra las personas LGBTIQ+ por sus decisiones y expresiones personales es intolerable”, concluyó la Defensoría del Pueblo.
