La JEP informó este jueves en un comunicado que ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, 25 antiguos integrantes de las brigadas Segunda, Décima y Décima Primera del Ejército Nacional reconocieron su responsabilidad por haber participado en los mal llamados ‘falsos positivos’ o ejecuciones extrajudiciales en la Costa Caribe, en los que 604 personas fueron asesinadas, desaparecidas y presentadas falsamente como resultados operacionales entre 2002 y 2008.
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Se trata de oficiales y suboficiales que fueron imputados por su liderazgo y por su participación determinante en la comisión de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada contemplados por el Código Penal colombiano. Estas conductas también constituyeron crímenes de lesa humanidad y de crimen de guerra, según el Estatuto de Roma.
“Uno de los imputados por la JEP que reconoció su responsabilidad fue el mayor general Hernán Giraldo Restrepo, quien se desempeñó como oficial de operaciones (B3), jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la Segunda Brigada entre enero 2003 y diciembre 2004, y como comandante de la Décima Brigada Blindada, entre diciembre de 2004 y junio de 2006. También lo hicieron el mayor general Jorge Enrique Navarrete Jadeth, por hechos ocurridos mientras comandó el Grupo de Caballería Mecanizado ‘Coronel Juan José Rondón’ entre julio de 2004 y junio 2006, y el brigadier general Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Batallón de Artillería ‘La Popa’ entre diciembre de 2007 y junio de 2009”, se lee.
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También reconocieron su responsabilidad los coroneles Édgar Humberto León Terán, Juan Carlos Bustamante Rodríguez, César Oswaldo Morales Ramírez, Gustavo Ovidio Díaz Tamayo, Alejandro Robayo Rodríguez y Jorge Iván Monsalve Hernández, quienes comandaron el Batallón Especial Energético y Vial ‘Coronel José María Cancino’, el Grupo de Caballería Mecanizado ‘Coronel Juan José Rondón’, el Gaula Cesar y el Batallón ‘La Popa’. En la misma línea, manifestaron su intención de aceptar responsabilidad y de seguir aportando a la construcción de la verdad plena que merecen las víctimas los tenientes coroneles Luis Fernando Borja Aristizábal, Juan Guillermo Múnera Piedrahita y Rubén Briam Blanco Bonilla.
De igual modo aceptaron haber conocido y participado en estos hechos Luis Fernando Borja Aristizábal, quien fue comandante del Batallón de Infantería ‘Sumapaz’ (2005-2006) y de la Fuerza de Tarea Conjunta Sucre (FTCS) entre 2007 y 2008, reconoció ante esta sala su conocimiento y participación en la comisión de ‘falsos positivos’ en ambas unidades. Bajo su liderazgo, la FTCS reportó 37 operaciones militares en las que se presentaron como resultado la muerte de 61 personas, todas asesinadas fuera de combate. Además, participó en el reclutamiento de algunas de las víctimas para entregarlas al grupo Gaula Córdoba, lo que evidenció la estrecha relación entre las subestructuras criminales de esas unidades.
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Así mismo, Juan Guillermo Múnera Piedrahita aceptó la imputación formulada por la JEP por hechos ocurridos mientras se desempeñó como oficial de operaciones y segundo comandante del BAEEV 2, entre enero de 2006 y octubre de 2007. Fue señalado como artífice de la subestructura criminal que operó en esa unidad, con un rol de liderazgo determinante en su creación, difusión y permanencia, así como en el encubrimiento de esta práctica criminal en su jurisdicción.
Rubén Briam Blanco Bonilla, quien también fue imputado en el Subcaso Antioquia, manifestó su arrepentimiento por el sufrimiento y daño causado a las víctimas de los hechos cometidos por integrantes del Batallón ‘La Popa’, del que hizo parte como oficial de operaciones entre noviembre de 2007 y octubre de 2008. A estos reconocimientos se suman los de los mayores Luis Fernando Campuzano Vásquez, Nelson Mauricio Calderón, Luis Fernando Báez Angarita, Orlando Arturo Céspedes Escalona y Julio César Parga Rivas, quienes integraron el ‘Batallón La Popa’, el Gaula Guajira, el Gaula Córdoba y la Fuerza de Reacción Divisionaria 1 (Fured). Todos ellos, imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad, aceptaron su responsabilidad y reafirmaron su compromiso con las víctimas. En particular, Parga Rivas, comandante de la Fured en 2006 y del Gaula Córdoba en 2007, reconoció que bajo su mando las bajas reportadas por ambas unidades fueron en su totalidad ilegales: 100 personas asesinadas y desaparecidas en Cesar, La Guajira, Córdoba y Sucre fueron presentadas como muertas en combate.
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Y de igual forma el capitán Antonio Rozo Valbuena, los tenientes Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo y Juan Pablo Junco Parra, el subteniente Joaquín Alfonso Moreno Gómez, así como los sargentos primeros Claudio Verú Gómez, Orlando Enrique Castillo Royero y Germán Custodio Tovio Medrano, y el sargento segundo Pilides José Torres Monterroza.
