El nombre de Emilio José Tapia Aldana, uno de los más sonados en el mundo de la corrupción en Colombia, vuelve a sonar en una polémica judicial. En diciembre de 2024 fue condenado a más de 6 años de prisión por delitos relacionados con los casos Centros Poblados y Emcali. Sin embargo, una juez de Barranquilla le concedió libertad condicional el pasado 11 de abril de 2025, medida que ahora está siendo investigada por la Comisión de Disciplina Judicial del Atlántico.
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Tapia es señalado por “las irregularidades detectadas en el contrato que buscaba garantizar el servicio de internet a escuelas rurales en diferentes zonas del país, caso conocido como ‘Centros Poblados’; y en dos procesos contractuales que se siguieron en las Empresas Municipales de Cali (Emcali)”, detalló la Fiscalía en el mes de diciembre de 2024.
Tapia obtuvo el beneficio argumentando buena conducta en la cárcel El Bosque, estudio, trabajo y el cumplimiento de tres quintas partes de la pena. La juez consideró que el condenado había demostrado voluntad de resarcir el daño, pues ya había entregado parte del dinero comprometido en el preacuerdo con la Fiscalía. Sin embargo, la Procuraduría General apeló la decisión, advirtiendo que no se tuvo en cuenta si el Ministerio TIC o la Contraloría habían iniciado algún incidente de reparación de los recursos públicos apropiados.
Según trascendió, la Comisión Disciplinaria Judicial investiga no solo la decisión de otorgar la libertad, sino también la presunta mora del juzgado en conceder el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público. La apertura formal del expediente disciplinario se dio el pasado 17 de septiembre, luego de una etapa preliminar iniciada en mayo.
“Por las circunstancias que rodearon la medida de libertad condicional, como por una presunta mora en la concesión del recurso de apelación presentado por el Ministerio Público”.
Perfil
Emilio Tapia, abogado oriundo de la región Caribe, es conocido en el país desde el escándalo del ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá, durante la administración del exalcalde Samuel Moreno (2008-2010). En esa red de corrupción, Tapia actuó como contratista, gestor de relaciones políticas y luego como testigo clave ante la Fiscalía. Sin embargo, perdió los beneficios judiciales por ocultar dineros obtenidos de forma ilícita mientras colaboraba con la justicia.
Apodado por muchos como el ‘zar de la contratación’, su nombre ha aparecido recurrentemente en procesos por irregularidades en contratos públicos. Ha sido detenido en varias ocasiones y ha recurrido a preacuerdos para reducir sus penas. En 2016 fue condenado a siete años y cinco meses de cárcel por cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, tras una revisión en segunda instancia de una sentencia inicial de 17 años.
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Casos a los que ha sido vinculado
En el caso de Centros Poblados, el más reciente y mediático, Tapia fue identificado por la Fiscalía como la mente detrás de la unión temporal que obtuvo un contrato por más de un billón de pesos para llevar internet a escuelas rurales. Se determinó que presentó garantías bancarias falsas y participó en la apropiación indebida de un anticipo de $70.000 millones. En 2024, aceptó los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado. Como parte del acuerdo, se comprometió a devolver $5.063 millones y actuar como testigo en otros procesos.
“Hasta el momento ha restituido 2.532 millones de pesos, a través de ocho títulos judiciales. El 50 % restante lo cubrirá con dos pagarés por 1.265 millones de pesos que deberá presentar en abril y octubre de 2025. Por ahora, el valor está soportado con un inmueble en el corregimiento San Cristóbal, en Medellín (Antioquia)”, indicó el ente acusador.
También fue vinculado al caso Emcali, en el que se investigan irregularidades en contratos adjudicados a consorcios bajo su influencia. La Fiscalía sostiene que Tapia usó documentos alterados para obtener contratos con Empresas Municipales de Cali, repitiendo el patrón de uso de empresas fachada y garantías falsas.
Pese a su amplio prontuario judicial, la Contraloría General de la República lo exoneró de responsabilidad fiscal directa en el caso de Centros Poblados, aunque mantiene la investigación contra otras personas jurídicas que él habría controlado.
Hoy, Emilio Tapia se encuentra en libertad condicional, pero su nombre sigue ligado al debate nacional sobre impunidad, corrupción y las decisiones judiciales.
