Tras los dos primeros fallos de la JEP de la semana pasada contra el último secretariado de las FARC por los secuestros y contra militares del Batallón La Popa de Valledupar por los mal llamados ‘falsos positivos’, el tribunal de paz informó este miércoles que le envió comunicación al Gobierno y al Congreso solicitando con urgencia $121.858 millones para implementar estas primeras sentencias restaurativas.
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“Reconocemos que el Ministerio de Hacienda destinó $20 mil millones con este propósito, sin embargo, advertimos que este monto es insuficiente para poner en marcha los proyectos de reparación y restauración a favor de las víctimas”, se lee en la misiva.
Agrega la JEP que el cumplimiento de las sentencias restaurativas depende, constitucional y legalmente, de la asignación de recursos por parte del Gobierno.
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“Asimismo, en la carta advertimos dos preocupaciones: el Ministerio de Justicia aún no ha tramitado un decreto clave sobre condiciones de seguridad y protección para el desarrollo de las sanciones; no se ha cumplido la circular del Ministerio de Hacienda que ordenaba priorizar los gastos de la JEP en el Presupuesto General de la Nación 2026”, añade el tribunal de paz.
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