La Contraloría informó que la Nueva EPS tiene anticipos pendientes de legalizar por valor de $15,3 billones a corte 30 de junio 2025, poniendo de presente que la normatividad contable adoptada en Colombia (Niif) hace distinción entre un pago anticipado y una cuenta por pagar, y que en tanto no haya soporte de la obligación, el pago sigue siendo un anticipo, no un gasto devengado ni una obligación extinguida.
El ente de control adelantó una actuación de policía judicial en la Nueva EPS para obtener la totalidad de los datos requeridos que permitieran conocer su estado administrativo y financiero, toda vez que la Nueva EPS no cuenta con los estados financieros certificados y dictaminados para las vigencias 2023 y 2024.
“Se evidenció que la Nueva EPS no cumple con los atributos esenciales de un sistema de información que garantice la trazabilidad, consistencia y completitud de los datos; situación recurrente en el sector salud que ha promovido una dificultad para conocer el detalle del uso de los recursos de la salud en Colombia”, señaló la entidad.
Además, el organismo de control señaló la ausencia de notas técnicas, la falta de soportes documentales, la omisión en la definición de modalidades de pago y la no identificación de población objetivo.
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“La Nueva EPS de manera recurrente giró anticipos a las IPS o Prestadores de Servicios de Salud con vínculo comercial y/o contractual durante las vigencias 2022 a 2025; anticipos que, para el caso de contratos por la modalidad de pago por evento no debieron darse, como quiera que para este tipo de contratos el giro debe ser posterior a la prestación de servicios. Debe tenerse en cuenta que a partir del año 2022 las EPS al igual que las IPS debieron acogerse a lo dispuesto por el Decreto 441 de 2022, norma que no contempla, entre otros, giros mediante anticipos de las EPS a las IPS”, se lee en el comunicado.
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De esta forma, agrega el reporte, la Nueva EPS no llevó a cabo las auditorías requeridas a las cuentas médicas, radicadas por las IPS que habían recibido ya los anticipos para la prestación de servicios de salud a los usuarios. Por tal motivo, se encuentran pendientes de legalizar $15,3 billones con corte a 30 de junio 2025.
“La falta de auditoría a 13,7 millones de facturas, que equivalen a $13,2 billones, permite inferir la presunta materialización del riesgo de pérdida de recursos del Estado, derivados entre otras, de las glosas u objeciones a dichas facturas que pudieron quedar en firme, cuyo valor debería ser asumido por la Nueva EPS”, concluyó la Contraloría.
