Pedro Rodríguez, exasesor jurídico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), pasó de ser un desconocido en la opinión pública a convertirse en una pieza clave dentro del escándalo de corrupción que golpea a la entidad.
Desde prisión, decidió colaborar con la justicia y presentó una matriz de colaboración ante la Fiscalía General de la Nación, en la que detalla presuntas maniobras de direccionamiento de contratos, sobrecostos y favorecimientos a políticos y contratistas. Su testimonio fue revelado por Noticias Caracol.
Irregularidades en la reconstrucción de Mocoa
Uno de los episodios más graves relatados por Rodríguez corresponde a la reconstrucción de Mocoa, Putumayo, tras la avalancha de 2017.
Según su declaración, Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Alethia Arango, exfuncionaria con trayectoria en la Alcaldía de Medellín, modificaron convenios interadministrativos para adjudicar de manera directa contratos millonarios.
Entre estos, destaca el proyecto de casi mil viviendas en el predio Sauces 2, asignado al arquitecto Ramón España Gutiérrez, cuestionado por presunta falta de idoneidad. De acuerdo con la matriz, España habría visitado en varias ocasiones la sede de la UNGRD en Bogotá y participado en reuniones en Mocoa, siempre con el aval de López y el acompañamiento jurídico de Arango.
Señalamientos contra Camilo Romero
El documento también menciona al precandidato presidencial y exgobernador de Nariño, Camilo Romero. Rodríguez asegura que durante su administración se habría direccionado un contrato de licores a favor de empresarios locales, entre ellos Richard Portilla, señalado de aportar recursos y apoyo logístico a su campaña de 2015.
El exasesor afirma que Romero habría delegado en su primo, Andrés Arango Romero, el papel de intermediario para concretar dichos acuerdos.
Defensa de Romero
Camilo Romero rechaza los señalamientos y sostiene que se trata de una persecución política en su contra. Asegura que no existen pruebas en su contra y que, incluso, un audio en poder de su defensa demostraría que Rodríguez reconoció no haber recibido órdenes ilegales de su parte.
“Podrán intentar usar a Rodríguez como testigo en mi contra, pero no existe una sola prueba”, manifestó el exgobernador, quien insiste en que las acusaciones carecen de fundamento.
Principio de oportunidad en curso
Rodríguez fue condenado en mayo pasado por falsedad en documento público y concierto para delinquir. Sin embargo, firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía, comprometiéndose a entregar información sobre el esquema de corrupción en la UNGRD y en la Gobernación de Nariño.
El próximo 25 de septiembre, un juez definirá si avala ese beneficio judicial. La decisión podría abrir un nuevo capítulo en el caso que involucra a exdirectivos de la entidad y a figuras políticas de alcance nacional.
