Una grotesca burla a las víctimas. Así es como debe considerarse la primera sanción impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra siete integrantes del último secretariado de las Farc, responsables de 21.396 secuestros. La condena —sustentada en una sentencia de 663 páginas— tardó 8 años en llegar.
Aunque el fallo se basa en los acuerdos de La Habana, firmados por el entonces presidente Juan Manuel Santos y los jefes de las Farc, el país —pero sobre todo las víctimas de ese grupo guerrillero— esperaba una mínima dosis de proporcionalidad y un poco más de rigurosidad por parte de los magistrados de la JEP. Nada de eso ocurrió: ni proporcionalidad en la pena impuesta, ni rigurosidad por parte de los magistrados.
En el fallo de la JEP contra los cabecillas de las Farc —hoy flamantes congresistas del país— lo que hubo fue una enorme flexibilidad y una escandalosa lista de dádivas.
La generosidad en la pena a los exjefes guerrilleros fue la misma que advertimos en su momento quienes —durante la negociación de La Habana— expresamos serios reparos a la manera como Santos —a nombre del Estado colombiano— negoció con los entonces jefes del grupo insurgente. Santos jamás consideró el hecho de que las Farc habían llegado debilitadas a la mesa y se habían visto obligadas a negociar —luego de recibir duros golpes militares durante el gobierno de Álvaro Uribe— y, por consiguiente, era el Estado colombiano quien debía poner condiciones en la negociación. No ocurrió así. Contra toda evidencia, Santos pactó con las Farc en igualdad de condiciones y por ello terminó haciendo concesiones inaceptables, entre ellas no haberles dado a las Farc tratamiento de “cartel narcotraficante”, como indicaban informes de inteligencia de la Policía Nacional. Curiosamente —“a nombre de la paz”— el general Óscar Naranjo, nombrado negociador por Santos, guardó silencio en La Habana.
Los magistrados de la JEP muestran como un gran logro de la sentencia la imposición de dispositivos electrónicos durante ocho años a los exjefes de las Farc. Ello con el fin de controlar su movilidad y desplazamiento por el territorio nacional. Es decir, los exjefes guerrilleros podrán viajar por todo el país sin ningún tipo de restricción, puesto que la sentencia no establece áreas prohibidas. En otras palabras: no pagarán un minuto de cárcel. Además, cada uno de ellos tendrá derecho al descuento de un día de sanción por cada dos días de trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Todos aquellos que sean considerados “restauradores del daño causado”, por ejemplo: sembrar árboles, participar en la escritura de guiones para programas radiales, pintar escuelas en zonas rurales, informar sobre campos minados, elaborar placas conmemorativas en memoria de las víctimas…
Con toda razón el país reaccionó asombrado ante los beneficios otorgados de forma generosa a quienes cometieron todos los delitos de lesa humanidad que uno pueda imaginarse: secuestros, extorsión, reclutamiento y violación de menores, entre otros. Tienen razón quienes defienden la sentencia, al afirmar que se trata de un fallo “histórico”. Es “histórico”, porque nunca antes ningún gobierno había sido tan generoso con los criminales. Ningún presidente se atrevió a tanto, solo Santos en su afán por ganarse el premio Nobel de Paz.
¿Por qué los crímenes de los jefes de las Farc quedarán sin castigo? ¿Por qué la sentencia de la JEP es una burla a las víctimas de las Farc?
¡Qué tal “castigar” a alias Mordisco y “Calarcá” poniéndolos a pintar escuelas y sembrar árboles!
Otra mentira de Santos durante la negociación con las Farc es la siguiente: “Ni Timochenko, ni ninguno de los cabecillas de la guerrilla, van a llegar a cargos de elección popular por el Marco Jurídico para la Paz”. Pues llegaron y ocupan “curules gratis”, sin que un solo colombiano hubiera votado por ellos. Quien era llamada “Griselda Lobo”, en sus tiempos de guerrillera, hoy es conocida como la senadora Sandra Ramírez —excompañera de alias Tirofijo— y desde su curul señala y acusa sin pruebas de “asesinos” y “paramilitares” a sus contradictores políticos. Allí estarían también —por cuenta de la absurda generosidad de Santos— alias “Iván Mordisco”, alias “Calarcá”, alias “Iván Márquez”, quienes hoy —en el gobierno de Petro— siguen secuestrando y matando colombianos inocentes. Quienes advertimos de esta farsa fuimos graduados por el gobierno Santos y sus aliados como “enemigos de la paz”. Muchos, inclusive, fuimos “vetados” de participar en los “foros por la paz”, promovidos a lo largo y ancho del país, con un generoso presupuesto. Los “amigos de la paz” solo querían escucharse entre ellos. Hoy vemos los resultados.
El plebiscito no fue un gesto generoso de Santos, sino un mandato de la Corte Constitucional
En una demostración de su cinismo inigualable, Santos dijo a Blu Radio —luego de conocerse el fallo de la JEP— que se arrepentía de “haber impulsado el plebiscito por la paz”. Santos no puede arrepentirse de lo que era su obligación, tal y como lo sentenció la Corte Constitucional, al dejar en manos de los colombianos la refrendación de los acuerdos de La Habana. Es decir, Santos y las Farc tenían la obligación de someter a la voluntad de los colombianos si aprobaban o no lo pactado en La Habana. Y ante la pregunta de si estaban de acuerdo o no con lo firmado por Santos y las Farc, los colombianos —mayoritariamente— votamos NO. Ese mandato del pueblo, Santos se lo pasó por la faja. Le importó un comino. Punto. Después pretendió justificar su burla mostrando ante el país una supuesta “renegociación del acuerdo”, lo que jamás ocurrió, puesto que lo que hubo fue una reafirmación de lo pactado en La Habana. Inclusive, las Farc sacaron provecho de la “renegociación”, puesto que las restricciones a su movilización pasaron a ser mucho más laxas y generosas, como lo acabamos de ver con el fallo de la JEP.
Los delitos de lesa humanidad jamás podrán pagarse con disculpas y sembrando árboles
Después del inmenso daño causado por la Farc al pueblo colombiano, valerse de la “justicia restaurativa” para castigar a los victimarios es una burla. Y esa burla abre mucho más las heridas que aún no han sanado. No es con “disculpas” como se paga semejante afrenta al país. Y no se trata de exigir venganza, como dicen los amigos de la restauración del daño, entre ellos Petro, sino de elemental justicia. Nadie está pidiendo ojo por ojo y diente por diente, como en los tiempos de las cavernas. Lo que pedimos quienes creemos en el sentido común es que haya justicia, que es la gran ausente en el fallo de la JEP. ¡Cómo puede repararse —¡por Dios!— secuestrar y violar niños inocentes pintando escuelas y sembrando árboles! ¡Qué clase de justicia es esa! Dirán que eso fue lo que se acordó en La Habana. Sí, claro, fue lo que se acordó en La Habana, pero también fue a lo que millones de colombianos dijimos NO en el plebiscito que buscaba refrendar los acuerdos. Esa burla debería ser sometida hoy a la Corte Penal Internacional para que se pronuncie de fondo. Si las víctimas de las Farc nunca fueron “el centro de la negociación”, como prometieron los negociadores de La Habana, ya es hora de que ese tribunal internacional asuma su defensa y les dé la importancia que hasta ahora no han tenido.
Fallo de la JEP contra exjefes de las Farc: histórico por lo grotesco
Al ser interrogado sobre los enormes beneficios que recibirían los guerrilleros de las Farc, que se encontraban negociando con el gobierno, Juan Manuel Santos —en su condición de presidente de la República— afirmó: “Cualquier persona que haya cometido crímenes de lesa humanidad debe ir a la cárcel”. Pues bien, eso jamás ocurrió. La “sentencia restaurativa” de la JEP —tribunal que nació de los diálogos de La Habana— lo acaba de corroborar. Santos mintió. Punto. Los criminales de las Farc no fueron castigados: fueron premiados, tal y como lo advertimos en su momento. ¿En qué quedó el principio universal de la proporcionalidad de la pena? A mayor gravedad del delito, mayor castigo. Ocho años -sin restricción efectiva de la libertad- por secuestrar, asesinar, extorsionar, reclutar y violar menores de edad. Obviamente que aquí no hay castigo, sino una revictimización de las víctimas de las Farc. Este grotesco fallo es una burla “histórica”, sin duda. Pretender justificarlo, como hacen los magistrados de la JEP, es contribuir a la humillación a la que han sometido a las víctimas.
