Luego de que la Fiscalía General de la Nación radicara una nueva audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra Nicolás Petro por los presuntos delitos de interés indebido en celebración de contratos y falsedad en documento, ya se fijó fecha para la diligencia.
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La solicitud se radicó en el Centro de Servicio Judiciales de Barranquilla órgano que fijó para el próximo 1 de octubre como el día en que se adelante la diligencia en los juzgados de control de garantías de Barranquilla.
La imputación surge por irregularidades encontradas en contratos firmados entre la Fundación Conciencia Social y la Unión Temporal Conciencia Incluyente en los que se detallan actividades sociales enfocados en adultos mayores y estudiantes con discapacidad.
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“Cabe resaltar que el contratista, en cuatro de los cinco resultados encontrados, es la Fundación Conciencia Social, mientras en el contrato correspondiente se trata de la Unión Temporal Conciencia Incluyente, de la que Gustavo de la Ossa Vélez es representante legal”, se lee en el informe judicial al que tuvo acceso Semana.
Serían cinco los contratos suscritos entre la fundación y la unión temporal y que ascendieron a los $3.000 millones de pesos. De acuerdo con información preliminar, los servicios que se contrataron para atender a adultos mayores y estudiantes en condición de discapacidad no se habrían prestado.
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Actualmente, el hijo del presidente Gustavo Petro está siendo procesado por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos.
