Colombia fue en 2024 el país con más asesinatos de activistas medioambientales en el mundo por tercer año consecutivo, al registrar 48 casos, “un tercio de todos los ataques letales documentados”, informó este martes la ONG Global Witness.
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Aunque el informe anual reportó “una disminución de las represalias contra las personas defensoras” frente a los 79 asesinatos registrados en 2023 en el país, la organización advirtió que esta reducción “no equivale a una disminución general de la violencia”.
De los 48 homicidios registrados el año pasado, al menos 20 fueron campesinos y 19 personas pertenecientes a comunidades indígenas, incluidos 13 miembros de la comunidad indígena Nasa en el departamento del Cauca (suroeste), según precisó el reporte.
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Impunidad ante la violencia
Global Witness destacó que, en Colombia, solo el 5,2 % de los casos registrados desde 2002 “se han resuelto en los tribunales”, una tendencia global que, según la organización, se debe a la “falta de sistemas judiciales que funcionen”.
“Las familias de las personas defensoras asesinadas o desaparecidas rara vez ven a sus atacantes ante la justicia. Si tienen suerte, el autor directo, normalmente un asesino a sueldo contratado, será detenido y juzgado. Pero los autores intelectuales, aquellos que planifican y pagan el ataque, rara vez son condenados”, sostuvo el informe.
La organización señaló a la producción de cultivos ilegales y el tráfico de drogas como “una causa principal de la violencia” y resaltó la “cultura del silencio” que, por miedo, lleva a pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes a no denunciar los “daños ambientales infligidos por las industrias extractivas”, especialmente en zonas de conflicto y con presencia de grupos armados.
Falta de protección
De los 48 líderes ambientales asesinados el año pasado en Colombia, al menos cinco solicitaron o recibieron protección.
“Queda mucho por hacer para garantizar que las medidas de protección atiendan efectivamente las necesidades de las personas defensoras”, afirmó en el reporte la lideresa social Jani Silva, de la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (ADISPA).
Silva señaló que a principios de este año tuvo conocimiento de que la Unidad Nacional de Protección de Colombia (UNP) quería retirarle las medidas porque, según la entidad estatal, “no se habían producido hechos victimizantes recientes”.
“A menudo no denuncio cada uno de los incidentes de seguridad porque me supone ponerme en contacto con la Fiscalía General del Estado y hacer muchas declaraciones que rara vez sirven para algo”, afirmó.
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La activista explicó que finalmente le mantuvieron la protección “porque alguien de las Naciones Unidas aportó documentación sobre un incidente reciente”.
