El pasado 9 de septiembre, la Contraloría encendió las alertas sobre presuntas irregularidades relacionadas con la situación administrativa y financiera de la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno nacional.
En un análisis preliminar, el ente de control halló presuntas irregularidades relacionadas con el incremento de anticipos, el represamiento de facturas sin auditar, el aumento de cuentas por pagar, falencias en la contratación de prestadores y deficiencias en la constitución de reservas técnicas.
Con respecto a las facturas pendientes, la Contraloría identificó 22 millones de registros por 22.1 billones de pesos. Además, se identificaron 9.1 millones de facturas de servicios repetidas.
Este lunes, la Supersalud respondió a la Contraloría y señaló que había ordenado a la EPS diseñar un plan intensivo, que consistía en reunirse con los prestadores de servicios de salud y dejar por escrito, mediante actas, a qué facturas corresponden los pagos que ya se han hecho y que aparecen en los registros de la EPS.
En ese sentido, Giovanny Rubiano, superintendente de Salud, reconoció que esas irregularidades ya habían sido advertidas por esta entidad y afirmó que aunque “la Nueva EPS ha venido haciendo un esfuerzo grande por pagar a los prestadores en todo el territorio nacional, no solamente en las ciudades”, sí faltó claridad en el proceso, pues cada vez que se hacía un pago, no se definía a qué facturas debía aplicarse.
Así las cosas, emitió una orden a Gloria Polanía, nueva gerente interventora, “quien en el término de pocas semanas debe haber terminado la ronda con prestadores en todo el territorio nacional para definir la aplicación de los pagos recibidos a unas facturas específicas”.
